La Ley de Costas actual del gobierno del Partido Popular, que reforma la de 1988, ha puesto en marcha un proceso de mayor privatización del litoral. Humedales y dunas están en riesgo. La nueva ley prácticamente se pone al servicio de los intereses turísticos, un nuevo proceso de urbanización del litoral está en ciernes con graves amenazas contra el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, principalmente, y el resto del litoral almeriense. El dominio público se está perdiendo en favor de la propiedad privada. El litoral como patrimonio natural no le interesa al poder.

El paisaje de la Costa y su identidad cultural, en medio de la naturaleza, no es ninguna prioridad para el sistema establecido. Lo prioritario está marcado desde el poder y está en el interés económico de la Costa, observada, configurada y utilizada como un instrumento empresarial para generar el máximo rendimiento de beneficios en detrimento de lo público. Almería no se queda al margen de esta realidad, a pesar de haber conseguido sobrevivir en gran medida a los grandes desmanes y despropósitos de los años 60 y 70.

La orientación política determina los planteamientos territoriales y la orientación de las decisiones. En este caso, la nueva Ley de Costas, promovida por el Gobierno del Partido Popular, alumbra nuevas sombras para rematar la faena. La costa almeriense se convierte en un plato suculento para los intereses privados, para el negocio, que adquiere mayor expectativa, al respecto, a raíz de la crisis. El gran paro se soluciona, por lo visto con el sentido demagógico de que todo es válido para salir del hundimiento provocado por los intereses de quienes forjaron la crisis y ahora quieren salvarnos. Y ya se sabe, para ello no hay nada mejor que un nuevo “boom inmobiliario turístico”, por ejemplo, para terminar de destruir lo que todavía está a salvo. Por eso han planificado no sólo salvar el Algarrobico sino llenar el litoral de “monstruos” parecidos y así poner el cartel de Defunción a la vida del paisaje natural.

La nueva Ley de Costas, de todas maneras está pendiente del Reglamento, clave para determinar las bases de la aplicación de la Ley. El asunto puede parecer un mero trámite burocrático, pero en realidad es importante. Son los reglamentos los que marcan la funcionalidad y la orientación del interés político de cualquier ley.

El principio general es que la Costa es dominio público. Es la personalidad dominante del litoral. Sin embargo, a tenor de las líneas maestras de la Ley, el futuro está determinado por la imposición de los intereses privados y de la hegemonía del modelo de desarrollo turístico como la cuestión clave para un desarrollo económico. El precio a pagar por tal orientación política es muy grande y pone el litoral en manos de la propiedad privada y de los intereses financieros y bancarios, si no lo está ya. ¿Cuál sería el modelo seguir? ¿Se lo imaginan? Pues, sin salir de casa: Roquetas de Mar, por ejemplo; y saliendo, hay quien mira a Benidorm, o el modelo aberrante de Marina Dor en Castellón. Ya se sabe que el turismo es depredador. Y en el caso de Almería, tiene puestos sus ojos cazadores sobre el litoral del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Y sobre lo que queda del litoral de Pulpí, Vera, Mojácar, Villaricos, El Ejido, Adra, etc. Vamos, para salir corriendo.

Para el geógrafo Alfonso Viciana, experto estudioso del litoral almeriense, “lo más preocupante es el nuevo tratamiento de los humedales y dunas vinculadas a la dinámica del litoral. Ello va a suponer hacer nuevos deslindes de la costa. Además está la cuestión de cómo se va a engarzar con la ordenación territorial, cómo actuarán las comunidades autónomas con sus competencias o el caso de los planeamientos municipales”. En su opinión se ponen en marcha interrogantes problemáticos como el caso de “los frentes urbanos consolidados, una cuestión burocrática compleja con problemas de indefensión. Se pueden perder zonas de dominio público. Al final resulta que los paseos marítimos son las únicas líneas públicas. Todo lo demás es privado. Por supuesto que la Ley de Costas de 1988 era mejorable pero esta reforma es un paso atrás”.

Hay multitud de cuestiones que están a la expectativa. A ver qué pasa. Los ayuntamientos costeros tienen puestos sus intereses en su parte de litoral como si fuera de propiedad particular del alcalde y de los concejales de turno, dispuestos a hacer negocio con quien llegue a sus despachos y proponga cualquier proyecto empresarial urbanístico, con maletín incluido, encima de la mesa. La tentación de la corrupción está servida.

Y es que, puestos a valorar la identidad del paisaje, desde la perspectiva política del poder, se desprecia el sentimiento que proyecta la contemplación del horizonte y del paisaje, las sensaciones que emanan de esa contemplación, la riqueza que da a la persona y su interior, la importancia de los sentimientos en la vida cotidiana, el sentido poético de la serenidad ante el paisaje y su entorno natural, la esencia de la piedra, el aire, el agua, la montaña y el mar. A eso no se le puede poner precio. Es una realidad que el capital no entiende ni puede comprar, le suscita recelo y temor, porque piensa que lo que está fuera del sistema establecido puede acabar con él. Por eso, al capital lo único que le interesa de la naturaleza es el negocio. Y para eso está la Ley de Costas, al servicio de los intereses de quien manda.

La cuestión ahora es no ponérselo fácil. Y para eso está el periodismo crítico, que no puede permanecer en silencio.

En Cabo de Gata, 19 de Julio, 2014,
verano y viento de poniente.