La Educación adolece de problemas enquistados desde tiempos inmemoriales: desde infraestructuras a la Ley Orgánica de la Educación. La crisis no ha hecho sino agravarlos y ha puesto sobre la mesa otro problema. De la Educación se habla cuando se tocan los intereses políticos y los intereses corporativos de sus profesionales, casi nunca de cuando los déficit en su gestión lo sufren las familias.

nalizar la educación en España en dos páginas escasas en una tarea más titánica que desbarrar en cientos de páginas de informes por los que asesores que muchas veces no han pisado un aula cobran lo suyo. Yo lo voy a hacer desde una postura extramuros, “antisistema” la llamarán algunos. Pero los recortes tan brutales que vienen sufriendo los ciudadanos en los últimos años, especialmente en sanidad y en educación, lo son mucho más.
En un estado del bienestar se deben pagar impuestos de forma progresiva, y el Estado devolverlos de forma igualitaria con servicios de calidad por igual, al que puede pagar impuestos, y al que no tiene tanta suerte de poder pagarlos. Lo que sucede actualmente es que los recursos recaen más sobre “quien lo necesita” que sobre quien mantiene el sistema. Y una de esas situaciones sucede, desde hace décadas, cuando una familia “normal” desea matricular a su hijo o hija en un centro escolar y no le conceden el solicitado. No hay muchos datos sobre ésto, pero el Observatorio por la Libertad de Enseñanza asegura que cada año más de 14.000 familias se quedan sin el colegio elegido en primera opción en Andalucía, uno de cada cinco alumnos entre infantil y la ESO.

Aquí empieza un angustioso proceso que va desde la aceptación del centro que proporcione la administración, a la búsqueda de un centro privado, pasando por casos extremos, pero más frecuentes de lo que pensamos, de empadronamientos ficticios en domicilios de familiares, amigos, etc., fingir intentos de divorcio para conseguir más puntuación o incluso contratar detectives privados para demostrar que tal familia no vive realmente donde se ha empadronado para conseguir la plaza escolar que en justicia esta familia cree que le corresponde.

Cito estas anécdotas porque forman parte de una de las espinas dorsales de la línea argumental de este artículo. La educación pública debe reivindicarla quien la mantiene con sus impuestos y quien es usuario de la misma y se siente muchas veces excluido y marginado por el sistema, no sólo quien legítimamente (faltaría más) vive de ella. Y durante décadas, en épocas de bonanza y de crisis, familias enteras han sido excluidas de matricular a sus hijos en el centro que han elegido: por cercanía, creencias religiosas, educación bilingüe, o porque el centro cuente con un cuadro de profesionales que ofrezca garantías a los padres de una educación de calidad para sus hijos. Sin embargo, no ha habido jamás marea de ningún color, ni oposición política que alce la voz contra semejante atropello. Y ésto excluye tanto de la educación pública como el recorte de becas. Lo que realmente atenta contra la educación pública es excluir de la misma a quién puede buscarse otras opciones. Es una exclusión, como sucede en la sanidad, por arriba, pero exclusión, y tan injusta, como excluir a los que menos tienen de una educación pública de calidad.

Podemos entrar en si para ofrecer una educación pública de calidad en Andalucía son o no necesarios los 4.502 interinos que reivindican volver a ser contratados en Andalucía, si los comedores escolares pueden gestionarlos AMPAS o deben ser empresas especializadas. Puede que sí o puede que no. Puede que falten 10.000 profesores o que sobren 5.000. Pero los criterios para decidir si sobran o faltan deben ser siempre dos: asegurar la máxima calidad educativa a través de un sistema público y siempre, teniendo a las necesidades educativas de las familias como centro de las políticas, no actuando a golpe de reivindicación laboral de un colectivo.

El segundo argumento de este artículo es la gestión política que se hace de la educación. Otra vez, hunos y otros usan a la educación como caballo de batalla en distintos frentes. Todos la quieren tanto y están tan preocupados por los alumnos que cuando llegan al poder lo primero que hacen es derogar la Ley Orgánica de Educación y aprobar la suya. La última Ley, la LOMCE impulsada por el ministro José Ignacio Wert, como la penúltima, no sólo ha sido aprobada sin consenso, sino que la oposición ya ha anunciado que la derogación de la ley actual será una de sus primeras acciones. El mayor daño que se le hace a la Educación (con mayúscula) es que los políticos no consensúen un tema tan fundamental y antepongan sus intereses de control ideológico de la escuela. Y aquí tampoco escapan los otros hunos del norte, el “nacionalismo echado al monte”.

La Educación, con mayúsculas, no interesa más que como arma arrojadiza y como herramienta de control ideológico de las generaciones venideras. Si interesase de verdad habrían volado fundaciones, embajadas autonómicas, consorcios de diversa índole, y una administración paralela de entre 20.000 y 30.000 almas que de una forma u otra ha ido acomodándose en la administración por la puerta de atrás incluso a pesar de las resoluciones judiciales. Habría sido reformada de urgencia una estructura elefantiásica de la administración con competencias duplicadas y triplicadas, antes de tocar un céntimo en el presupuesto educativo. Siete años después de iniciarse la crisis se han hecho mil reformas de urgencia. La de la administración sigue siendo la gran reforma pendiente.

Buena parte del despliegue de la administración paralela se ha hecho en paralelo a la construcción de aulas prefabricadas en los centros escolares de Almería. Algunas de ellas, como las de los CEIP Blas Infante y Arcoiris de Aguadulce, datan de los años 2002 y 2003 respectivamente. Diez años después a estos centros parece que se les empezará a solucionar el problema. Algo que no sucede con IES tan simbólicos como el Murgi de El Ejido, que lleva desde 2001 esperando unas nuevas infraestructuras que acaben con los cuatro módulos de aulas prefabricadas en “pésimas condiciones”, según recogen ellos mismos en su web. Es evidente que los 19 millones de euros anunciados en 2014 quedan lejos de las necesidades de infraestructura reales.
Además, se reducen las becas, se aumenta el precio de la matrícula en las universidades, no se contratan a los interinos, y mucho menos se refuerzan los centros con mayores problemas de absentismo, disciplina, integración lingüística, sino que no se toca a la Estructura. Al contrario, se despliega nueva como la de la Policía Autonómica de la realidad nacional andaluza, ya se ha perdido un tiempo precioso para mejorar la gestión de los centros con el Plan de Calidad de la Junta que han tumbado los tribunales y que tantas ampollas levantó en los centros.

Si mañana desaparecen esos “michelines” del sistema, pocos, salvo los que viven de ellos, los echarían de menos. Pero recortando en sanidad y en educación, lo notamos todos. La Educación, como tantos temas fundamentales de esta sociedad, no ha sido nunca un tema de Estado y cuando se ha decidido que había que adelgazarla sólo lo han defendido quienes viven de ella. Demasiada gente ha mirado siempre para otro lado, buscando la solución a su problema individualmente ante la tomadura de pelo de los que se llenan la boca con su defensa y la gestionan de forma nefasta.
PD. Lo triste de este artículo, es que diez años después seguirá vigente.