Si en ocasiones la ciudadanía recela de las controvertidas determinaciones de sus gobernantes, si se siente prejuiciosa, es porque los mandatarios protagonizan demasiado a menudo turbios casos que denotan un lucrativo interés personal. Cuando toman decisiones que la opinión pública censura, procuran ampararlas en la legalidad en la que se fundamentan –si es que pueden hacerlo-, acostumbran a enardecerse en lo lícito, como si su interesado comportamiento fuera algo ajeno a las resoluciones que han de tomar. Desde la altura olvidan en ocasiones que sus influyentes y privilegiados atributos les han sido concedidos por el pueblo (con sus votos), de cuyo desinterés y dejadez en ocasiones se aprovechan. El año 2007 ha sido un año intenso en Almería, con algunos de sus políticos en un tristísimo primer plano informativo, demasiado obsceno en ocasiones como para que sus responsabilidades públicas no sean depuradas.

Hay dirigentes que están siendo investigados por la justicia tras haber cometido presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, como es el caso del alcalde de Huércal-Overa, Luis García Collado (PSOE), quien podría haber utilizado su honorable cargo para perfilar un PGOU del que habría quedado sumamente agradecido un promotor amigo, el propietario de la inmobiliaria Dizu, Tomás Zurano, imputado en la misma causa junto a dos concejales del equipo de Gobierno y un técnico municipal. Las posibles irregularidades en el planeamiento urbanístico de Huércal-Overa, de las que ha venido informando el diario EL MUNDO, habrían derivado en plusvalías millonarias gracias a la recalificación de suelo. El Partido Popular, que está tras la demanda, cifra en unos 800 millones de euros el beneficio que podrían haber obtenido los implicados con este supuesto PGOU a la carta, que curiosamente fue el primero de 2007 en ser aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta de Andalucía.

Lamentable es también el asunto en el que anda todavía inmerso el concejal de Deportes de Adra y presidente del Club Náutico de la localidad, José Arqueros (PP), que fue detenido en septiembre junto a otras dos personas por orden del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería, la sala que tramita su caso, un presunto delito de cohecho (soborno a un funcionario público), según han venido informando los medios de comunicación provinciales. El bueno de Arqueros, ligado a la Federación Española de Vela y maestro jubilado (llegó a ser director de un colegio de Adra), podría estar implicado en el tráfico de titulines, el certificado que te capacita para ser patrón de embarcaciones náuticas de recreo y deportivas. Ante este reparto arbitrario de licencias, los marineros desde sus barcazas a buen seguro que miran con perplejidad las imprudentes maniobras que protagonizan los paganos benefactores del titulín, deben surcar las aguas con la paciencia de quienes habitúan a bregar con incompetentes, entre farsantes con contactos capaces de ir a pique con sus embarcaciones al menor cambio de viento.

Por un motivo aún más ponzoñoso llegó el arresto en 2007 del por entonces presidente del PP de Vícar y concejal en el Ayuntamiento de la localidad, José Rodríguez, que llegó a pasar una noche en los calabozos a la espera de pasar a disposición judicial. Esa tarde, agentes del Seprona de la Guardia Civil habían encontrado en un vehículo de su propiedad más de una tonelada (1.200 kilos) de fitosanitarios prohibidos, envases con una sustancia llamada Diclorbos, un producto de alta volatilidad y de gran toxicidad no registrado en España. En unos tiempos en los que la agricultura de Almería se enfrenta a la cada día más enérgica competencia de países como Marruecos, resulta insultante que un político pueda ser condenado por un delito como este; una causa que daña seriamente la imagen del sector hortofrutícola de la provincia, que ya tiene bastante con las minuciosas exigencias del mercado europeo, gentes que se deleitan con la perfección volumétrica de las hortalizas.

En otros menesteres no más alentadores ha andado metido un político con un cargo aún más lustroso. El senador del Partido Socialista por Almería, Juan Miguel Peña, compró parcelas de secano y las vendió posteriormente como suelo de regadío utilizando para ello un pozo agrícola ficticio y llevando a cabo, junto a otros propietarios, los mayores desmontes ilegales de Europa en unos terrenos de la capital que están protegidos por su alto valor medioambiental. Peña logró multiplicar el valor de sus fincas por 50, según las tasaciones hechas en el momento de la operación de venta, y está imputado por un posible delito contra el medio ambiente, según publicó en enero el diario EL MUNDO. La suculenta operación del senador y empresario agrícola comenzó en 1999, cuando compró una finca improductiva de 3,7 hectáreas en El Alquián, muy próxima al Parque Industrial y Tecnológico de Almería (PITA), tras pagar por ellas 22.027 euros. Un año más tarde y sin haber podido explotarlas debido a su grado de protección (propuesta como Lugar de Interés Comunitario, rica en flora y fauna), Peña adquiere la finca aledaña por 1.167 euros. Tiene 4.729 metros cuadrados. Es un gajo de tierra con pitas, pero cuenta con un pequeño pozo de agua, con un caudal ridículo como para regar la explotación, pero lo suficiente como para poder vincularlo a ambas fincas para que adquirieran los derechos del agua y registrar todos los terrenos como de regadío. Lo hace en 2004, pocos meses después de convertirse en senador. El páramo yermo se había convertido de pronto en un potencial vergel que pudo vender por más de 1,2 millones de euros. El Servicio de la Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil informó a la Junta de Andalucía de los brutales desmontes ilegales que allí se estaban llevando a cabo. Lo dejó pasar. El caso está en los tribunales, pero al ser senador no puede ser requerido por los juzgados de Almería. Al ser aforado, la denuncia tendría que ser derivada al Tribunal Supremo.

Buen pájaro está hecho también el alcalde de Gádor y portavoz del PP en la Diputación de Almería, Eugenio Gonzálvez, que evita dar publicidad a los concursos públicos para poder adjudicar las obras a quien al parecer le apetece. Los juzgados número 1 y 2 de lo contencioso-administrativo de Almería lo investigan por fraccionar un lote de obras y contratarlas verbalmente, según informó el diario IDEAL en el mes de noviembre. La hermana de un concejal estaba tras una de las empresas beneficiadas para desarrollar ese proyecto municipal, la Escuela de Danza de Gádor y una nave de usos múltiples. El magistrado del segundo de estos juzgados de lo contencioso, Jesús Rivera, también le anuló una subasta de dos parcelas públicas. El Ayuntamiento decidió vender dos terrenos clasificados como suelo urbano no consolidado. Dos empresas se presentaron a concurso. Una de ellas se vio beneficiada, la del conocido empresario almeriense Miguel Rifá, un clásico en las tertulias políticas. Pero la otra sociedad que se interesó por las parcelas detectó una clara manipulación en el proceso de contratación e interpuso un recurso contencioso-administrativo. Tenía razón al quejarse. El juez desgrana múltiples irregularidades antes de anular la subasta, algunas tan viles como la de adelantar la apertura de las ofertas antes del plazo fijado para impedir que la otra empresa esté presente en la subasta. La sociedad de Rifá tampoco necesitó adelantar el 2% que marca la ley como garantía: ofreció un aval por un importe de 8.588 euros cuando tenía que haber aportado 44.844, cinco veces más. “Tamaño defecto no sólo vicia el procedimiento de enajenación, sino que invalida el contrato”, dictamina el juez en la sentencia. El magistrado falló a favor del demandante, a cuyas manos pasaron los terrenos.

La gestión económica llevada a cabo por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de El Ejido se vio seriamente cuestionada en 2007, tras conocerse a través de EL MUNDO que una tupida red de empresas tejida por un ex alto cargo de Elsur, facturaba a esta sociedad semipública de servicios municipales por trabajos que en ocasiones ella misma debía hacer. Elsur, con cientos de trabajadores entre directos e indirectos, está participada por el Ayuntamiento de El Ejido en un 30% y su presidente es el alcalde, Juan Enciso. Encargada de llevar a cabo diversas tareas municipales como las obras de saneamiento y alcantarillado, los encargos a Elsur por parte del Ayuntamiento son pagados con el dinero del contribuyente. El PP abrió la caja de Pandora al asegurar que las facturas emitidas por la sociedad mixta estaban infladas –aportó copias de algunas de ellas, como el pago de 2.134 euros por reparar una baldosa en la calle Cervantes-, y Comisiones Obreras ya había denunciado en 2005 una presunta cesión ilegal de trabajadores de las empresas subcontratadas a Elsur. La trama mercantil articulada por quien fuera uno de sus más altos directivos, compuesta por seis sociedades en las que tenía al frente a algunos de sus más allegados familiares, logró facturar ese año (2005) más de 6,5 millones de euros -y 15 entre 2003 y 2005-. La sede social de muchas de estas empresas tiene una misma puerta, la de un portal situado junto al Ayuntamiento. Elsur estaba en el punto de mira, y los pagos que a ella se le hacían también. El Partido Popular sospecha que los posibles dineros evaporados de Elsur podrían arrojar luz sobre la financiación del Partido de Almería (Pal), formación que también preside Enciso. El caso, que siempre trató de ser evitado por el equipo de Gobierno de El Ejido, que optó por un extraño y prolongado silencio, fue denunciado por Izquierda Unida y acabó en la Fiscalía.