El vertiginoso ritmo de construcción que está viviendo la provincia en los últimos años obliga a resucitar un debate que se creía superado, apostar por el mal llamado modelo de construcción de "baja densidad", o por el contrario se redefine el concepto de construcción en altura dejando de asociarlo a un modelo especulativo, caótico y masificado. Si los ayuntamientos costeros consiguen sacar adelante sus planes urbanísticos la provincia puede enfrentarse a un verdadero problema de ordenación del territorio, a una nefasta y costosa prestación de servicios públicos, a un despilfarro energético y de agua, y sobre todo a una irreparable depredación del territorio por otra parte ya inventada en provincias como Málaga, donde más del 80% del litoral ya se encuentra construido. 

A mediados del pasado siglo España apostó por un modelo de construcción que acabó masificando y depredando la costa con construcciones en altura donde terminaba la influencia de las olas. Cascos históricos como el de Almería capital fueron masacrados por moles de cemento privándo a la ciudad de identidad propia, masificando unas infraestructuras concebidas para una densidad de población mucho menor, asfaltando espacios verdes y zonas libres, y como consecuencia convirtiéndolos en prácticamente irrecuperables. En otros municipios se construyó una barrera de cemento en paralelo a la costa que depredó buena parte de la franja litoral. Como consecuencia de ello actualmente el 90% de la costa andaluza sufre algún tipo de degradación. El 59% del litoral andaluz está urbanizado, según el Instituto Nacional de Geografía. 

De los efectos catastróficos de este modelo especulativo e insostenible se pasó a un modelo de baja densidad cuyas consecuencias han sido la depredación de la práctica totalidad del litoral mediterráneo. En Almería la construcción de viviendas unifamiliares, adosadas y aisladas, como la urbanización de El Toyo, o los planes de construcción similares en las inmediaciones del PITA, junto a la consolidación de barrios ya existentes como Castell del Rey, La Cañada, El Alquián, Costacabana, Venta Gaspar, Cabo de Gata, Almadrava, entre otras, acaban ocupando el territorio de buena parte del término municipal capitalino, dificultando y encareciendo la prestación de servicios públicos básicos como la depuración de agua, educación, sanidad, seguridad ciudadana, transporte público, la vertebración viaria de los barrios, o la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos, por citar sólo algunos ejemplos. Un modelo caduco generador de ciudades dormitorio sin servicios que deja al vehículo privado como única alternativa de transporte, y acentúa el despilfarro energético. 

Lejos de evitar los errores de este modelo, la práctica totalidad de los municipios costeros apuestan por esta forma de hacer ciudad para desarrollarse urbanísticamente. Bajo el objetivo cortoplacista de la obtención de recursos para financiarse, los ayuntamientos del litoral tienen precocinados planes urbanísticos que pretenden dilapidar el patrimonio de suelo municipal sin pensar en sus consecuencias a medio y largo plazo. Cuevas de Almanzora pretede declarar urbanizable el 90% del término municipal y construir viviendas para 500.000 habitantes. Níjar pretende cercar el Parque Natural con 60.000 viviendas y cinco campos de golf, mientras Antas intenta recalificar 3.200 hectáreas para construir otras 60.000 viviendas y cinco campos de golf cuando actualmente cuenta con 3.000 habitantes. Otro caso es Vera, que pretende urbanizar la práctica totalidad de su término municipal con 60.000 nuevas viviendas. Otros municipios como Huércal Overa se "inventan" y sacan adelante proyectos de dudosa justificación como el de la urbanización del paraje de la Ballabona con miles de viviendas, donde actualmente sólo hay un restaurante con hotel y área de servicio. Mojácar saca adelante una urbanización que depreda la última playa virgen del municipio, Aguamarga levanta una urbanización que abarca 48 hectáreas en pleno parque natural, mientras en Carboneras la paralización del hotel de El Algarrobico ha puesto en jaque los proyectos de urbanización de 1.500 apartamentos, ocho hoteles y un campo de golf. 

Actualmente Almería sólo cuenta con el 13% de su litoral urbanizado. Pero si estos planes urbanísticos salen adelante, sobre todo se se llevan a cabo bajo el modelo denominado como "de baja densidad", el mapa territorial en pocos años puede ser bien distinto al actual. Modelo que ya se ha ensayado en comarcas como la del Almanzora, donde el descontrol urbanístico ha generado un mapa territorial con miles de casas dispersas, sin servicios, muchas de ellas construidas en zonas inundables, con calidades dudosas, sin servicios de depuración de agua, piscina privada por vivienda, y abastecimiento eléctrico cuasi doméstico. 

Frente a este modelo de desarrollo urbanístico la construcción en altura puede ser una solución intermedia entre la tijera de la Junta de Andalucía dichos planes, que limitará el crecimiento de los municipios al 30% de su población actual, y el disparate urbanístico puesto sobre la mesa por los ayuntamientos. Almería, Roquetas y El Ejido han sido los primeros en apostar por este modelo. El municipio más importante del Poniente construye el que será a finales de este año el edificio más alto de Andalucía con 30 plantas y cien metros de altura. Roquetas construirá tres torres en las inmediaciones del Centro Comercial Gran Plaza, y edificios de menor altura con grandes avenidas en la zona de Las Salinas, mientras Almería levantará una torre similar en la parte alta de la avenida del Mediterráneo, además de otras dos de quince plantas en la parte alta de la Rambla, y las polémicas torres de diez alturas en primera línea de playa en los terrenos de la antigua Térmica que ya se están levantando. 

Las bondades de este modelo son múltiples, pero no dejan de tener innumerables peligros si este tipo de edificios se construyen pensando más en las plusvalías que en generar un nuevo modelo de ciudad. Debido al impacto de su altura los ayuntamientos deberían exigir a los promotores la convocatoria de un concurso público para su diseño arquitectónico. Las ciudades se juegan mucho con su construcción. Si se acierta los edificios en altura acaban convirtiéndose en iconos que generan valor añadido a las ciudades, como lo son la torre Picasso de Madrid, o la recién inaugurada torre Agbar de Barcelona. Además, el mantenimiento de los espacios públicos es mucho menos costoso, y la prestación de servicios como los educativos, sanitarios, de recogida selectiva de residuos, abastecimiento eléctrico y de agua, ocupación de término municipal, o el consumo energético, es mucho menor. 

Si se hierra la ciudad puede estar ante un lastre que puede costarle décadas e ingentes recursos para rectificar el error. Cualquier edificio en altura no es sinónimo de modernidad. Hacer un edificio de cien metros de altura no es ningún hito cuando está en proyecto el que será el rascacielos más alto del mundo en Argentina que rozará los mil metros. Por ello este tipo de edificios deben concebirse como actuaciones singulares dentro de proyectos singulares, no en espacios ya desarrollados urbanísticamente, como la torre de treinta plantas de la capital, ni con el objetivo de obtener plusvalías para construir infraestructuras como un hospital, como es el caso de Roquetas. Lejos de provocar masificación, estos edificios deben servir para favorecer la creación y mantenimiento de espacios públicos que consoliden un modelo de ciudad con servicios opuesta a la tendencia del crecimiento urbanístico diseminado. 

Norman Foster, conocido arquitecto en Almería tras recibir el encargo del Ayuntamiento para el diseño del nuevo Palacio de Congresos de la capital, asegura que el modelo de ciudad horizontal, basada en la extensión de suburbios verdes comunicados con los centros urbanos por autopistas, está agotado. Foster considera que esta ciudad es mucho más cara de mantener que la de tipo vertical. El arquitecto inglés, especializado en rascacielos, apuesta por técnicas constructivas que ahorren toda la energía posible. De esa forma los grandes núcleos urbanos dejarían de ser consumidores para convertirse en ahorradores de energía. Idea que es defendida por arquitectos de reconocido prestigio como Rafael Moneo, entre otros. Arquitectos y urbanistas que coinciden en que las ciudades no pueden seguir creciendo hacia fuera, sino que tienen que reorganizarse por dentro. 

Además de estos edificios, los ayuntamientos de tamaño medio deberían apostar por edificios de menor altura con todos los servicios y que ayuden a vertebrar y dotar de servicios el núcleo urbano ya consolidado sin necesidad de renunciar a su crecimiento urbanístico. 

Propuestas que deben servir a los municipios de acicate para crecer urbanísticamente contribuyendo a la vertebración territorial, al crecimiento urbanístico sostenible, a facilitar el acceso de servicios, y sobre todo sin hipotecar las necesidades de las futuras generaciones.