El pacto ofrecido en 2008 por Ecologistas en Acción a la Consejería de Medio Ambiente, sobre retirada de denuncias y querellas, de forma recíproca, ha puesto sobre la mesa dos cuestiones: la ruptura de relaciones entre ambos protagonistas del panorama político-ecológico, los cambios de estrategia en gran parte del movimiento ecologista y en la orientación de la política ambiental de la Junta de Andalucía.

Las cosas ya no son como eran en la transición. Hay sectores ecologistas que han centrado su estrategia en considerar a la Consejería como el ‘enemigo’ a combatir, mientras que otros sectores consideran que el ‘enemigo’ está en un sistema y modelo de desarrollo donde los poderes fácticos establecen las directrices de los intereses socioeconómicos, personales y colectivos; y consideran la realidad como un gran negocio del que hay que sacar el máximo provecho. Desde el ecologismo se plantea el cambio del modelo sociocultural de desarrollo. Por otro lado, la realidad del panorama político institucional de la Junta de Andalucía es que la Consejería de Medio Ambiente ha ido diluyendo su singularidad conservacionista, de tal manera que, en líneas generales, ha sido domesticada en función de los intereses del gobierno andaluz que han terminado imponiéndose para integrar a la Consejería que más recelo despierta en los ámbitos público y privado. Y más todavía en estos momentos de 2009. Ante este panorama: todos pierden: Ecologistas en Acción y Consejería de Medio Ambiente.

La situación era la siguiente. Ecologistas en Acción tenía presentadas seis querellas: 1) Contra el ex-senador socialista Juan Miguell Peña, implicado en desmontes ilegales en Sierra Alhamilla. 2) Contra el director general de Gestión del Medio Natural, José Guirado, y contra el delegado de Medio Ambiente, Juan José Luque, por haber permitido obras en una zona de la planta protegida ‘Androcynbium europaeum’ en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. 3) Contra el alcalde de Níjar, Joaquín García, acusado de malversación de caudales públicos. 4) Contra un familiar de un ex-concejal de Níjar, por delito urbanístico. 5) Contra el equipo de gobierno de Níjar, por prevaricación. 6) Contra el Ayuntamiento de Níjar, por infidelidad en la custodia de documentos. 

Por otra parte, Martín Soler, en calidad de secretario general del PSOE de Almería, ha presentado dos querellas contra Martín Rodríguez y Enrique Lorente, miembros de Ecologistas en Acción, por injurias y calumnias.

Pacto interesado

La noticia de la propuesta del ‘Pacto’ salta a la prensa el 8 de mayo, el mismo día en que también aparecen otras noticias, como: “Medio Ambiente obligará al Ayuntamiento a ‘salvar del ladrillo’ el litoral de la capital”, lo que no deja de producir sonrisas escépticas sobre el resultado. Estamos en el tiempo a nivel nacional en que “El PP pide diálogo al PSOE para recuperar el Trasvase del Ebro y amenaza con los juzgados”.

El documento del ‘Pacto’ es obra de José Ignacio Domínguez (de ‘Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar’), en calidad de abogado de Ecologistas en Acción. Lo entrega al decano del Colegio de Abogados, Simón Venzal, quien, a su vez, lo pasa al abogado Juan Manuel Llerena, representante de Martín Soler (ya consejero de Agricultura), en los momentos previos al comienzo de la vista por las denuncias de Martín Soler, en el Juzgado número 2 de lo Penal de Almería. Lo que pide el abogado de Ecologistas en Acción es que Martín Soler retire sus querellas y los ecologistas harían lo mismo con las suyas. 

Y vienen las reacciones. Por su parte, Martín Soler rechaza el pacto y pide que los implicados se retracten. En el seno de Ecologistas en Acción se produce el desconcierto, porque el ‘Pacto’ es cosa de José Ignacio Domínguez, que sólo ha contado con la coordinadora provincial de la organización, Montserrat Severiano, que dimitirá tras este conflicto. Francisco Manuel Segura y Rosa María Henche, de la directiva de Ecologistas en Acción, se manifiestan en contra del ‘Pacto’, “Ecologistas en Acción no está negociando nada con el PSOE ni con su secretario provincial”. Además reiteran la independencia de la organización ecologista “de cualquier organización o partido político”. José Ignacio Domínguez insiste en que “las negociaciones continúan” y puntualiza que “Montserrat Severiano no quiere llevar los casos a la vía penal sino que prefiere resolverlos por la vía contencioso-administrativa”. Al final, que se sepa, de ‘Pacto’, nada. La situación perjudica más a Ecologistas en Acción que a la Junta de Andalucía o al PSOE. Martín Soler sale exitoso de sus querellas contra los militantes de Ecologistas en Acción, que mantiene sus denuncias con un final incierto. 

De todas maneras, la confrontación viene de antes. En realidad siempre ha habido un pulso entre ambas partes. Sólo que en los primeros tiempos, el hecho de que pioneros del ecologismo (Hermelindo Castro, José Guirado, entre otros) fueran piezas claves en el nacimiento y estructura de la Agencia de Medio Ambiente, hizo que el diálogo sirviera para poner las bases de la política ambiental, que tiene, por consiguiente, gran parte de sus raíces, en el movimiento ecologista. Sin embargo, siempre hubo momentos de divergencias, pero nunca llegaron a los tribunales. Si había denuncias era fundamentalmente contra los responsables de la destrucción ambiental.

Precedentes

Un momento a tener en cuenta se produce con la llegada a Almería de José Ignacio Domínguez, uno de los dirigentes de la Unión Militar Democrática (UMD), que plantó cara al franquismo y que tuvo que exiliarse. Con la democracia se establece en San José, forma parte de los ‘Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar’ y desde ahí promueve desde el primer momento actuaciones muy críticas con la Consejería de Medio Ambiente, por ejemplo, por la existencia de invernaderos ‘ilegales’ dentro del parque natural. ‘Amigos del Parque’, en realidad la asociación funciona como grupo conservacionista y se integra en Ecologistas en Acción. Y desde ahí la estrategia de confrontación con Medio Ambiente (‘Cala San Pedro’, directamente contra José Guirado, entonces director del parque natural de Cabo de Gata) va en aumento; y también especialmente contra el Ayuntamiento de Níjar (presuntas irregularidades urbanísticas en Aguamarga), que se lanza a raíz de que José Ignacio Domínguez adquiere en subasta una casa de la Guardia Civil, pero el Ayuntamiento no le concede autorización para reformarla. 

El detonante mayor se produce con la denuncia por el caso de la planta protegida ‘Androcynbium europaeum’. El asunto es confuso. Surgen sospechas de que, detrás de la denuncia ecologista hay una estrategia calculada. De hecho, uno de los dirigentes de ‘Amigos del Parque’, Fernando Reinlein (también antiguo dirigente de la UMD) abandona ‘Amigos del Parque’, por entender que se está produciendo una acusación  falsa. El resultado final es que el delegado de Medio Ambiente, Juan José Luque, y el director general de Gestión del Medio Natural, José Guirado, comparecen ante el tribunal, se sientan en el banquillo, pero son absueltos. 

Previo a este juicio, hay contactos de Francisco Toledano (entonces coordinador provincial de Ecologistas en Acción), con Juan José Luque y con Martín Soler. Al secretario general el PSOE se le llega a proponer una especie de ‘pacto’ no escrito para retirar la denuncia y llegar a acuerdos. El hecho de que la Consejería de Medio Ambiente no haya renovado la concesión a Promar (de Ecologistas en Acción) del trabajo de vigilancia y atención a delfines, ballenas y otras especies, varadas en las playas de Almería, constituye un factor a tener en cuenta, que pone sombras de sospecha sobre la estrategia ecologista. Juan José Luque rechaza el acuerdo porque considera que la denuncia ecologista es injusta y que él es inocente. En esa situación la ruptura entre Juan José Luque y Francisco Toledano es total. De hecho, las reuniones periódicas de coordinación entre la Consejería y los grupos ecologistas se rompen. Juan José Luque se considera acosado injustamente por los ecologistas. En los primeros tiempos de su gestión ya se encontró con una petición de dimisión. Al final de su mandato recibe el varapalo del Grupo Ecologista Mediterráneo con la concesión del ‘Carbón’ en las Menciones Duna.

Desconcierto   

La confrontación de los últimos años alcanzó tal nivel que, de existir cierto colaboracionismo en una estrategia medida, que no produjera ningún descrédito en la coherencia del movimiento conservacionista, se fue pasando en pocos años a un enfrentamiento frontal. Un panorama, al que el ‘affaire’ de El Algarrobico le ha puesto la guinda. Las variaciones que se han producido con los que han estado representando a la Consejería, la complejidad de la política ambiental, en general nunca bien vista, y las directrices políticas marcadas, en este caso desde el socialismo establecido y sus intereses, han conducido a una realidad desconcertante. Ejemplo de ello, a nivel nacional, es la caída de Cristina Carbona, que recibe en 2008 el aplauso del ecologismo almeriense con la ‘Mención Duna’ del Grupo Ecologista Mediterráneo, la desarticulación del Ministerio de Medio Ambiente y el viraje radical que el Gobierno ha marcado para los años de la ‘Crisis’. Y lo mismo, con matices, para Andalucía, aunque en este caso no se han fusionado las Consejerías de Medio Ambiente y de Agricultura. 

Con esta realidad presente y lo que se avecina, no deja de producir desconcierto que los choques entre Ecologistas en Acción y Junta de Andalucía en Almería terminen en los tribunales en lugar de situarse en el debate político. El intríngulis de la situación es que el conflicto no ha puesto todas las cartas boca arriba en Ecologistas en Acción. Y en la evolución de la Delegación de Medio Ambiente, con nuevo delegado (Clemente García, en estrecha relación con Martín Soler) y nuevas directrices más de lo mismo, totalmente devorada por el sistema.