La movilización ciudadana desarrollada a raíz del desarrollo urbanístico de los acantilados existentes entre Aguadulce y Almería ha sido una de las más importantes que se ha producido en  la  provincia en los últimos tiempos, en relación con la defensa del medio ambiente y contra el urbanismo feroz que se pretende ejecutar en el litoral almeriense.  No puede dejar de hacerse un paralelismo entre lo sucedido en esta zona de Roquetas de Mar con lo acontecido en Carboneras, con el Hotel del Algarrobico. Pero conviene analizar algunos aspectos que quizás para la opinión pública han pasado desapercibidos, pero que pueden ser motivo de reflexión. 

El caso del Algarrobico, con permisos y aprobaciones de planeamiento municipal y autonómico realizadas, la Administración Central ha reaccionado, interviniendo, expropiando o  paralizando las actuaciones. Por contra con el asunto de los acantilados  de Aguadulce da la impresión que la administración autonómica y la estatal han mirado hacia otro lado, o no han intervenido con todas sus posibilidades en este ya largo  proceso. Y si no cómo se puede interpretar que una plataforma ciudadana compuesta por todas las formaciones políticas,  con excepción del Partido Popular, y todas las formaciones ecologistas de la provincia, no se haya parado el desmonte de un conjunto físico natural como esta formación montañosa. Y eso a pesar de haber organizado cuatro manifestaciones multitudinarias, en al que en tres de ellas superando el millar de personas.

La movilización por parte de la Plataforma en Defensa de los Acantilados de Aguadulce comenzó en junio de 2.005, coincidiendo con la celebración de un Día del Medio Ambiente, y cuando desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar se achacaban las obras iniciadas en la zona a una presunta ampliación del bulevar. Ante las protestas vecinales se cambio la explicación manifestándose que las obras respondían al proyecto de urbanización,  cuando la realidad era que en ese momento no se había aprobado, ni el convenio, ni el Estudio de detalle que favorecía este desarrollo urbanístico, y que se empezó con el vaciado destrucción de la montaña,  cuando según se denunciaba desde la plataforma ciudadana, esto solo se podría hacer cuando los promotores tuvieran la licencia.

En el verano de 2005 y meses posteriores la Plataforma en Defensa de los Acantilados llegó a recoger más de 8.000 firmas de personas contrarias a esta destrucción y en ese periodo se llevaron a cabo tres manifestaciones,  dos concentraciones. tres caravanas de coches, además de numerosos encuentros con eurodiputados, y con responsables de las administraciones de Medio Ambiente, Obras Públicas, Carreteras y  Costas, así como se llevaron  preguntas y propuestas hasta el Parlamento andaluz, se mantuvieron contactos con Greenpeace, y participación en las coordinadoras ecologistas de Andalucía.

La respuesta de la Junta de Andalucía se ha enmarcado en un proceso de revisión del Plan Parcial del Sector 1 del PGOU de Roquetas de Mar  que ha durado año y medio y ha resultado que el propio Consejo Consultivo de la Junta ha declarado no competente  a la comunidad autónoma para realizar la revisión de un planeamiento que tenia delegado al Ayuntamiento de Roquetas deMar.

Por otro lado la actitud  de la Justicia no adoptando medidas cautelares planteadas por los colectivos afectados y la Junta, ha venido a trasladar  las posibles repercusiones a unos pleitos abiertos  y que de nuevo posponen los resultados de estas demandas populares  para cambiar el modelo  urbanístico que se está desarrollando  cada vez más agresivo con el  litoral y el territorio.

Tres pleitos pendientes y los que ya se han anunciado que se pondrán en los próximos tiempos en este asunto son el balance de unas movilizaciones  significativas e importantes en nuestra provincia que han tenido repercusiones en algunos proyectos que iban en esta dirección como un Campo de Golf sobre los propios acantilados, entre Enix y Roquetas,  o de una desaladora de El Palmer y que han sido aparcados por el momento por el mundo empresarial de los promotores de viviendas.

Mientras tanto en los Acantilados, las máquinas siguen trabajando, de día y de noche, esquilmando la montaña para acoger la construcción de las 600 viviendas previstas en el proyecto urbanístico, a la vez que la Plataforma continúa reivindicando la paralización de la destrucción de los Acantilados y la defensa de la calidad de vida de los ciudadanos en una Sociedad  Sostenible.