Probablemente el ejercicio de 2006 ha sido el más prolífico en materia de disciplina urbanística de toda la historia de Almería. Cientos de denuncias, de irregularidades, de expedientes, de órdenes de paralización o de demolición; interminables debates políticos, cargos públicos en los banquillos de los acusados... pero quizá sea el macrohotel que Azata del Sol estaba construyendo en la playa de El Algarrobico, junto con la urbanización de Playa Macenas, el símbolo que puede explicar el cambio de rumbo de la política urbanística que puede producirse en Almería.

A principios del año 2005 se anunciaba el macroproyecto de urbanización en El Algarrobico, se hablaba de siete hoteles, de 1.500 viviendas en una primera fase, de un campo de golf. La respuesta no tardó en llegar del lado de colectivos  como Ecologistas en Acción, el Grupo Ecologista Mediterráneo o Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata. Fue la espoleta de una protesta que se ha mantenido viva y activa durante los dos últimos años y que ha finalizado con lo que parece una paralización definitiva del proyecto para urbanizar uno de los escasos espacios vírgenes del litoral andaluz, español e incluso europeo.

A partir de entonces se han sucedido las manifestaciones, los comunicados de prensa, las acciones directas de grupos como Greenpeace. Hasta el Comité Español de la UNESCO tomó posición para amenazar con retirar al Cabo de Gata la consideración de Reserva de la Biosfera si este y otros proyectos urbanísticos salían adelante. La propia Comisión Europea, en abril del año pasado, abría expediente a España por el ´Caso Algarrobico´, criticando que no se hubiera realizado una evaluación de impacto previa a la autorización de la obra.

En medio de la oleada de críticas, las administraciones públicas mostraron inicialmente una actitud titubeante que no ayudó a calmar la situación. La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, empezó lamentando la construcción del hotel de veinte plantas a menos de cien metros de la línea de playa, pero consideró que esa actuación se ajustaba a ley y, en consecuencia, no era posible intervenir. Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente, se mostró más decidida, apoyada por el proceso de deslinde de la costa, que demostraba que el hotel no cumplía la norma de protección de cien metros desde la línea de pleamar (desde el borde del agua hacia el interior), y anunció un proceso expropiatorio que está por resolver, pero que determina la irregularidad del establecimiento.

Y en medio de toda la polémica un alcalde, el de Carboneras, Cristóbal Fernández, posteriormente inhabilitado por una sentencia por delito electoral, que no dudó en criticar a Narbona, en movilizar a los habitantes del pueblo con argumentos cuando menos dudosos, como afirmar que se perderían los 500 empleos que proporcionaría el hotel, o llegando a amenazar con sacar a Carboneras y su término municipal del Parque Natural. Finalmente, y después de batallar con uñas y dientes en favor del hotel y la empresa que lo promovía, cedió ante las promesas de la Junta de poner en marcha un plan de desarrollo para la localidad.

Pero quizá el hecho más trascendente ocurría el 23 de febrero, cuando el juez Jesús Rivera ordenaba la paralización cautelar de las obras que se desarrollaban en el hotel, estimando de esta forma una demanda interpuesta por las organizaciones Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense y Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata. Al día siguiente esas obras eran paralizadas poco después de las doce de la mañana. Azata reunió a los trabajadores y los despidió de forma inmediata, dando posteriormente publicidad a este hecho, probablemente como una forma de presión.

Un hecho no menos notorio lo constituyó el anuncio realizado por Manuel Chaves y por la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, de que la Junta de Andalucía ejercería el derecho de retracto sobre los terrenos sobre los que se levantaba el Hotel el Algarrobico. A cambio de los 2´3 millones de euros que Azata del Sol había pagado en el año 1999 por esos terrenos, el Ejecutivo andaluz se haría con la propiedad y daría carpetazo al hotel.

A partir de ese momento la batalla se traslada a los tribunales de justicia, ante los que la empresa recurrió varias de las decisiones de las administraciones, como la petición realizada de que fuera suspendido cautelarmente el deslinde de la costa realizado por el Ministerio de Medio Ambiente, deslinde que había servido para iniciar un proceso expropiatorio contra el hotel. La Audiencia Nacional denegaría finalmente esta petición, un revés más de una serie que han puesto a Azata contra las cuerdas.

Los últimos meses de 2006 vivieron un nuevo enfrentamiento jurídico tras la firma del retracto por parte de la Junta y el depósito de los 2´3 millones de euros en sede judicial para asegurarse que el proceso seguía su curso. Azata del Sol, desde el primer momento, se negó a aceptar el retracto y el dinero consignado por la Junta de Andalucía como pago por los terrenos sobre los que se asienta el hotel.

Pero si esas batallas ecologistas, jurídicas o mediáticas han sido incesantes, el caso tomó además una relevancia política que ha llevado El Algarrobico a ser tema de debate en el Parlamento de Andalucía, en el Congreso de los Diputados, en el Senado e incluso en el Parlamento Europeo, donde fue trasladado por los eurodiputados de Los Verdes. Los cruces de acusaciones han sido constantes: se culpó al anterior gobierno de no haber realizado el deslinde de la costa que exigía la Ley de Costas, se acusó a la Junta de irregularidades en la planimetría y en la tramitación del expediente de El Algarrobico, se acusó al Ayuntamiento de perdonar tributos a Azata, a Costas de haber emitido informes erróneos, y como consecuencia de todo ello volaron las peticiones de dimisiones, peticiones que naturalmente nunca llegaron a sus últimas consecuencias.

Playa Macenas

El precedente de El Algarrobico puede considerarse un hito en la historia de la disciplina urbanística en el litoral almeriense, pero sus consecuencias finales aún están por determinar. Quizá una de esas consecuencias es que otro proyecto faraónico, el que la sociedad Med Group desarrolla en la zona de Playa Macenas, en el término municipal de Mojácar, empezó a ser cuestionado a mediados del pasado año, sólo dos días después de que se anunciara la compra de los terrenos de El Algarrobico por parte de la Junta de Andalucía.

Los grupos ecologistas vuelven a jugar un papel determinante ya que, años después de que hicieran las primeras denuncias, la coyuntura parecía adecuada para poner más picas en proyectos que se consideran de fuerte impacto. Fuensanta Coves anuncia ´posibles cambios´ en el proyecto de Macenas, cambios relacionados con una probable ocupación de la zona de costa protegida, y con la ocupación de dominio público hidráulico, en concreto cuatro ramblas que atravesaban el espacio a urbanizar y que fueron ocupadas por las obras. El caso está en la actualidad en estudio, pero no se descartan medidas contundentes para corregir las irregularidades de un proyecto que los grupos ecologistas no dudaron en calificar de escandaloso.

Sea como fuere, lo cierto es que ambos casos han salpicado a todas las administraciones, han hecho correr ríos de tinta, provocado encendidos debates en radios y televisiones de todo ámbito y tendencia y despertado las conciencias de amplias capas sociales. Tanto en el caso de El Algarrobico como en el de Playa Macenas se han sentado precedentes y se han iniciado actuaciones que suponen posiblemente un punto de inflexión en el desarrollo urbanístico del litoral almeriense y andaluz. Las tomas de posiciones de los grupos políticos, de los colectivos ecologistas, de los diferentes gobiernos y parlamentos, han marcado una seria de líneas que difícilmente podrán ser ignoradas en el futuro inmediato, de ahí su importancia y su trascendencia.

Esa bandera ha sido enarbolada por los grupos ecologistas no sólo almerienses, sino del conjunto de la geografía española, como el camino a seguir. En consecuencia todos los ojos, todos los medios, se han vuelto a la resolución de estos conflictos que, ahora sí, deberán ser resueltos ajustando cualquier actuación a las normas vigentes, son los vericuetos en los que se han perdido muchos de los actores implicados en el caso. Luz y taquígrafos que probablemente se conviertan en la mejor garantía de que el desarrollo urbanístico se ajusta a la Ley, que las trampas no valen y que en última instancia la voluntad política está por la labor de respetar y hacer respetar el medio ambiente.