El Gobierno ha tratado de sacar adelante la Disposición Final Segunda de la Ley de Economía Sostenible o más conocida como la “Ley Sinde”, dirigida a cerrar las páginas webs de descarga de contenidos sujetos a derechos de autor. Éste ha sido el último intento de acabar con la piratería que no ha encontrado el apoyo de los grupos políticos en el Congreso de los Diputados por considerar que: “es una chapuza digna de Pepe Gotera y Otilio, destinada a legislar por la puerta de atrás”. Huy!!! Perdón, cito al autor de esta declaración no vaya a multarme la Sociedad General de Autores y  Editores (SGAE). La crítica fue realizada por el diputado de ERC, Joan Ridao, pero ahora que pienso quizá a él se le olvidaría citar a Francisco Ibáñez,  autor de los personajes de cómic a los que hace referencia.

Digamos que en esta contienda contra la vulneración de los derechos de autor el Gobierno Central asumiría el papel de “Pepe Gotera”, es decir, el jefe que no queriendo mancharse las manos manda hacer el trabajo a “Otilio”, quien bien podría ser la SGAE, torpe currante que en vez de ponerse a trabajar sólo piensa en la hora del bocata y cuyas meteduras de pata acaban repercutiendo a su socio  “Pepe Gotera”.  Este símil cómico y atrevido por mi parte deja de ser gracioso si nos fijamos en las actuaciones que la SGAE ha llevado a cabo en nuestra provincia. Nos remontamos al mes de abril de 2009 cuando la familia de Juanma, el menor con Síndrome de Alexander, recibía la visita de un delegado de la SGAE que pedía el 10% de la recaudación del concierto benéfico para salvar la vida del pequeño. La sociedad que representa a los músicos, entre ellos los autores de las canciones de David Bisbal, quien no cobró por su colaboración en el concierto, obtuvo 5.000 euros de los 50.000 recaudados. Ésta había sido la señal que la SGAE le había impuesto como condición indispensable a la madre para que el evento pudiera celebrarse. Daba igual que tanto Toñi como su marido llevaran años luchando contra la enfermedad neurodegenerativa del niño; no importaba que con el fin de costearse un carísimo tratamiento para mejorar la calidad de vida de su hijo organizaran un evento solidario en el que los almerienses, haciendo un esfuerzo, contribuyeran de forma altruista. Miserable fue la actuación de la SGAE, mucho más lamentable fue la manera en que a Toñi le pidieron la señal antes del concierto en la clínica donde estaba realizando la rehabilitación de Juanma donde llegó un inspector de la SGAE para que firmara.

Lo que a todas luces no cabe excusa ni razón de ser, está amparado por la Ley de Propiedad Intelectual. La sociedad apeló a su obligación de defender al autor, asegurando entonces que: “una cosa era que el cantante renunciara a su caché y otra el uso de su música cuando ésta no es del cantante”. Así pues, si la familia quería evitarse futuros “asaltos” de la SGAE  debía buscar un cantautor que pudiera ceder sus derechos. Frente a las dificultades para ello, optaron por suspender un concierto previsto en Vícar. La opinión pública se hizo pronto eco de este caso. Las televisiones nacionales hablaron del tema. Sin saber si fue la presión mediática o el propósito de enmienda, la SGAE rectificó  después para devolver el importe que cobró por el concierto benéfico de Juanma. La nota de la organización señalaba que: “la actuación ha sido absolutamente respetuosa con la Ley de Propiedad Intelectual, que no permite la concesión de licencias gratuitas (...)”, y que:" los socios de la SGAE creen en el derecho de autor solidario y responsable". 

 

“La SGAE somos todos, como Hacienda” o casi todos (no sé si esta expresión tenía autor o por el contrario la acabo de acuñar) y si no, que se lo digan a los Ayuntamientos. La Sociedad les exige para la celebración actuaciones musicales, teatrales, de danza… certificaciones de aforo y cachés, hojas de taquilla, teniendo que pagar unas tarifas para que sea posible su organizar estos eventos. El último grito está siendo navegar en las webs de las administraciones locales para comprobar qué actividades van a desarrollar y si han sido declaradas o no a la organización.El alcalde de Níjar ha llegado a definir este control como “persecución cultural”. Antonio Jesús Rodríguez se ha quejado por escrito a la SGAE, afirmando que: “es insostenible la fortaleza normativa e impositiva que les ha otorgado el Gobierno de la Nación como pago por los apoyos mediáticos recibidos del colectivo que dirige dicha Sociedad General”.

 

La organización exigía, en julio de 2009, al consistorio nijareño que pagase el canon por la proyección de películas en el cine de verano. Según el primer edil:“unos impuestos superiores a los costes de producción por una actividad  gratuita y al aire libre”. Éste alcalde llegó a iniciar una campaña informativa en contra de los impuestos de la SGAE dando detalles del afán recaudatorio de la organización con el ayuntamiento. Rodríguez afirmaba no entender como en tiempos de crisis, las orquestas y artistas bajan sus cachés mientras que “la SGAE se dedica a contar las veces que una canción suena en las verbenas populares”. En febrero de 2010, el Ayuntamiento se niega a pagar 1.200 euros por la comida de mayores que  hizo en Navidad, factura que la organización negó haberle exigido que desembolsara. Tras una reunión con el delegado territorial, la SGAE le reclamó otra deuda por el funcionamiento de la radio municipal y un informe de todas las actuaciones culturales realizadas en 2008 y 2009 para pagar las correspondientes cuantías. Después, el alcalde encargaba a los servicios jurídicos que estudiaran el caso.

 

La SGAE exige en locales privados o establecimientos públicos la tarifa correspondiente en cada caso por la comunicación pública, reproducción mecánica o ejecución en vivo de temas registrados entre los más de veinte millones que gestiona. Se define como “dialogante y amistosa con sus clientes y usuarios”. El canon de la SGAE ha llegado a algunos Institutos de Enseñanza Secundaria; a las peluquerías, donde quieren cobrar por poner la radio; a las Asociaciones de Vecinos que cuentan con televisión para sus asociados; a los clubes de fútbol como el CF Badalona, segunda B que ha renunciado a su himno por el canon; a la Fiesta popular de Moros y Cristianos de Alicante; a las bodas, donde la SGAE  exigió el canon por la interpretación de canciones como el vals de las mariposas, lo que le valió una condena de 60.000 euros por vulnerar el derecho a la intimidad de los novios; etc.Visto así, da la sensación de que la SGAE es omnipotente. Sin embargo, al margen de los pleitos que tenga abiertos con particulares, el 21 de octubre de 2010 el Tribunal Europeo declaraba que el cobro de dicho canon es ilegal a las empresas, profesionales y administraciones públicas. El 30 de noviembre de 2010, la Comisión Nacional de la Competencia incoaba expediente sancionador contra la Sociedad General de Autores y Editores por posibles tarifas abusivas, pero aún habrá que esperar a que se resuelva para conocer el final. De momento, como dice Bugs Bunny: “esto es todo, amigos”.