Escribir sobre la problemática de las viviendas ilegales en la provincia de Almería y más concretamente en el Almanzora, se ha convertido más en un lugar común que en algo noticiable. Delegados que apenas sobreviven unos meses en su cargo al frente de una delegación, la de Obras Públicas y Vivienda, que ha visto como en los últimos años, se suman las críticas por parte de alcaldes, afectados y colectivos de diversa índole, que no entienden cómo es tan difícil avanzar para dar una solución a este problema que afecta a más de 6.000 familias en la comarca del Almanzora y el Levante. Se trata de viviendas ilegales, construidas en suelo no urbanizable y en su mayoría sin licencia. Cientos de chalés con piscina que han crecido a escasos metros de carreteras muy transitadas, en pedanías que han multiplicado su población  o en el lecho de ramblas, y que en muchas ocasiones, no disponen ni siquiera de servicios tan básicos como la luz o el agua. La transformación del paisaje en el Almanzora sería difícil de comprender sin la pasividad, cuando no abierta complicidad, de los responsables municipales y de la propia Junta de Andalucía. El Defensor del Pueblo calificaba este problema en 2009, como una “hecatombe ecológica” y  en la comarca del Almanzora que prácticamente ningún ayuntamiento saldría limpio de una inspección urbanística. El 22 de mayo se celebran las elecciones municipales y existen pueblos de esta zona, donde los ciudadanos británicos propietarios de estas viviendas en situación irregular, representan un porcentaje muy importante en el censo electoral y serán decisivos a la hora de elegir quien gobierna. En municipios como Arboleas, los ciudadanos de la Unión Europea, representan un 64% de sus votantes, según el padrón de finales de 2009. En Partaloa, de 872 vecinos censados, 517 son extranjeros, lo que hace que representen un 59%, en Zurgena alcanzan el 38%, en Albanchez el 33%, en Albox representan el 24% y en Cantoria, suponen el 27% de sus votantes. No es casualidad que unos y otros se precipiten a prometer la legalización de lo construido. En los últimos meses se han sucedido reuniones para abordar este asunto. En julio de 2010, coincidiendo con la visita a Albox de la entonces Consejera de Obras Públicas y  Vivienda, Rosa Aguilar, anunciaba el comienzo de una ronda de reuniones a tres partes, entre Junta de Andalucía, alcaldes y afectados y la Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No, para abordar el problema de las viviendas ilegales. Tres meses después se celebraba el primero de ellos con la entonces delegada de Obras Públicas y Vivienda, Ana Vinuesa, y una vez más, los ediles del Almanzora escucharon que “la solución debe pasar por la aprobación de los planeamientos urbanísticos, aunque hay casos que no tienen solución y eso también se va a poner de manifiesto a lo largo de todo este proceso. Se tendrá que demoler todo aquello que no se pueda mantener conforme a la legislación, esto no va a ser un punto y final” afirmaba Vinuesa en su visita al Almanzora poco antes de cambiar de cargo.

 

Los alcaldes del Valle piden celeridad y soluciones. Para el alcalde socialista de Albox, José García, donde se han construído miles de viviendas ilegales en los últimos años, “es una prioridad que garanticemos los servicios básicos a estos vecinos y les podamos dar una seguridad jurídica. Necesitamos soluciones, coincido con la Consejería en que tenemos que colaborar todos, pero después de más de tres años y medio de trabajo, necesitamos que se adopten decisiones inmediatas y que tengan resultados. Estamos hablando de personas y tiene que primar el interés general, son familias que viven en nuestro pueblo y ni siquiera podemos darles un documento que les permita tener los servicios básicos como son la luz o el agua”. Precisamente en enero, este ayuntamiento ganaba el último pulso a la Junta de Andalucía, para poder dar servicios a viviendas ilegales construidas hace años.

 

El Juez Jesús Rivera Fernández, dictaminaba que la interpretación de la Junta de Andalucía es errónea, indicando que “la administración no puede, de ningún modo, desconocer esa realidad”. La Junta de Andalucía impugno la licencia de primera ocupación otorgada por el Ayuntamiento para poder facilitarles agua y luz a sus moradores, alegando que no existía licencia de obra para el inmueble, y que previamente se debería regular esta clase de edificios mediante el planeamiento urbanístico municipal. El presidente del Partido Popular Andaluz, Javier Arenas, también mantenía a finales de 2010 una reunión con la Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No. En ese encuentro Arenas habló de la necesidad de promover un “gran pacto social y político para dar solución a las viviendas alegales e impedir situaciones terribles e impensables”. Y aprovechó para recordar que en otros municipios andaluces “se han dado pasos muy importantes para la regularización de viviendas, como puede ser en Marbella, Jaén o Chiclana”. Unos y otros hablan de la necesidad de poner orden a algo que se hizo de manera desordenada y, sobre todo, de no perjudicar a aquellos que se encuentran ya residiendo en la zona. Los alcaldes ponen el acento en la falta de medios y la burocracia para sacar adelante sus planes generales; la Junta insiste en la necesidad   existan esos planeamientos urbanísticos como método a través del cual recoger esas viviendas. Los más críticos, en que debe realizarse bajo el principio de que construir ilegalmente, no puede salir más barato que hacerlo legalmente. Y la mayoría de los almazoríes ven como una vez más, el tren pasará de largo, y lo que podía haber sido una oportunidad, se convierte en un enorme despropósito.