El título de este artículo original del ensayista y periodista, Mariano José de Larra, cobra especial significado en el caso del hotel de la playa de El Algarrobico, en el municipio de Carboneras. La lentitud, no sé si por pereza o por que atiende a ciertos intereses, sigue siendo nuestro gran problema. Para muestra un botón, cuando se van a cumplir casi cinco años de que se decretó la paralización de las obras de las instalaciones hoteleras todavía no se sabe cuál será el futuro de un edificio que amenaza ruina.

El caso se encuentra en una maraña judicial. Hasta el momento se han producido doce pronunciamientos judiciales. El último del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el que reconoce solamente como válido el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de 1994.  En este plan la parcela donde se levanta el hotel es una zona protegida y no urbanizable. A partir de aquí, qué pasará.  La Junta de Andalucía y el Gobierno central ejecutarán lo que hasta ahora solo dicen de palabra, que quieren recuperar el terreno para el uso y disfrute de los ciudadanos, o seguirán acudiendo a los tribunales.

Mientras organizaciones ecologistas, como Greenpeace, siguen pidiendo en todos los foros el derribo del edificio. Para ellos solo el incumplimiento de la Ley de Costas por parte de la constructora serviría para que este gigante de 21 plantas con 411 habitaciones desapareciera de la playa de El Algarrobico. 

Pero este no es el único asunto pendiente en la costa de nuestra provincia. La  construcción de  otro hotel en el paraje el Campillo de  Gata justo al lado de Las Salinas del Cabo tiene visos de convertirse en otro litigio de años. El Tribunal Supremo falló a favor de los herederos de Marcos Eguizábal en cuanto a la licencia que le había concedido el ayuntamiento de Níjar. Por su parte la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en esta ocasión sí, ha conseguido paralizar la ejecución del proyecto argumentando que la empresa no ha elaborado la declaración de impacto ambiental. Desde la administración andaluza se asegura que la construcción del hotel no es viable pues los terrenos donde se quiere construir no son urbanizables.

Los ecologistas no las tienen  todas consigo. El  incumplimiento comprobado de la Ley de Costas y del Plan de Ordenación de  Recursos Naturales del Parque  no han evitado la construcción de El Algarrobico ni ha conseguido su destrucción; por lo que aseguran que estarán vigilantes, pues Las Salinas de Cabo de Gata son de un valor ecológico incalculable y necesarias para más de ochenta especies de aves, además de estar incluidas en Plan de Marismas de la Unión Europea. 

Playa Macenas, Villaricos o la Ensenada de San Miguel son otros de los puntos de la costa sobre los que hay proyectos de macro urbanizaciones con campos de golf invadiendo ramblas o destruyendo parajes de valor natural y cultural incalculables.

En este punto,  hay que decir que mientras éstos proyectos reciben la aprobación de ayuntamientos, de la Junta de Andalucía y del Gobierno central, éstas mismas administraciones llevan a cabo un proyecto denominado CAMP LEVANTE. Camp son las siglas en inglés del  Programa de Gestión de Áreas Costeras de Naciones Unidas. Sí, no me he equivocado, de la ONU. Con él se quiere promover en todos los países el uso sostenible de los recursos y fomentar el respeto hacia el patrimonio cultural y natural de nuestra costa por parte de todos, ciudadanos y gobiernos. ¿Incongruente? sí. Más aún si puntualizamos que el levante almeriense ha sido elegido en nuestro país para desarrollar el proyecto.

Son ocho los municipios incluidos en este programa desde Almería capital hasta Pulpí. Entre ellos el de Carboneras que sigue defendiendo a capa y espada que la empresa Azata del Sol pueda abrir el Hotel del Algarrobico.

Muchos nos preguntamos dónde se encuentran nuestros gobiernos. De un lado, gastando dinero en recursos judiciales para decidir si se derrumba o no un edificio que según doce decisiones  judiciales no debe permanecer en pie, y al tiempo invirtiendo dinero para fomentar el desarrollo sostenible de nuestra costa.

Este doble papel ya no sirve para lavar nuestra imagen de cara a los organismos internacionales. Son varios los que han dado un toque de atención a nuestro país por el excesivo culto al ladrillo, sobre todo en el litoral. La excusa de la lentitud de los trámites administrativos y judiciales no es válida para restablecer la confianza entre los ciudadanos y ante la comunidad internacional de que en España, en Andalucía y en Almería hay una nueva forma de hacer las cosas con respeto al medio ambiente y a las normas, y que la especulación urbanística fue cosa del pasado.