Los casos de corrupción que se han destapado en Almería durante el 2013 han salpicado desde al que fuera abogado jefe del Estado en Almería durante más de veinte años, hasta los políticos provinciales que se han visto salpicados por distintas tramas dejando en evidencia su credibilidad.

En ocasiones, como ha ocurrido en varios y sonados momentos en los dos últimos años, la crónica política y la judicial de Almería se entremezclan hasta convertirse en un perfecto cóctel mediático que acapara la atención informativa hasta hacer de ella un serial de interés creciente. En 2013 hubo varios de estos casos, en un tornado que se desencadenó en el mes de abril: Tres Reyes, facturas falsas del Patronato de Turismo, los fondos cobrados de la delegación de Medio Ambiente de la Junta mediante cheques, la condena al exalcalde de Zurgena Cándido Trabalón. Pocas veces tantos casos judiciales simultáneos salpicaban, en una u otra medida, a los ambientes políticos almerienses.

Entre ellos, el denominado Tres Reyes estuvo aliñado además con ingredientes propios de trama de película de intriga y acción, entre los que no faltaron grandes cantidades de dinares iraquíes en billetes, falsos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), altos funcionarios del Estado implicados, presuntas extorsiones y reuniones con políticos de alto nivel.

Tres Reyes estalló con la detención del que fuera abogado jefe del Estado en Almería durante más de veinte años, Demetrio Carmona, acusado de formar parte de una banda organizada que extorsionaba a empresarios con ciertas dificultades para obligarles a hacer disposiciones patrimoniales a favor de los integrantes del grupo. A Carmona y al también abogado Rogelio Vargas, amigo y letrado suyo e igualmente imputado en el caso, se les atribuye el papel de definir los objetivos de las presuntas extorsiones y de proporcionar la información necesaria para desarrollarlas, además de intervenir activamente en ellas, según apunta la instrucción judicial que concluyó este año. El resto, hasta siete personas en total, se hacían pasar por falsos miembros del cuerpo de inteligencia para presionar a las víctimas, algunas de las cuales habían tenido en su día negocios, y enfrentamientos por esos negocios, con el propio Carmona.

Las implicaciones políticas de este caso vinieron por las relaciones del exabogado del Estado, en aquellos momentos cesado de sus funciones tras la apertura de un expediente interno por sus poco claros negocios paralelos. Tras su destitución, Carmona mantuvo e intentó encuentros con los principales representantes del Gobierno y del PP en la provincia, a fin de pedir su intercesión para ser restituido en el cargo. En alguna de esas citas, además, los falsos CNI quisieron hacer ver al propio Carmona – que aparentemente siempre creyó que eran agentes de inteligencia- su presunto ascendiente con altos dirigentes del PP a nivel nacional. Toda una rocambolesca historia de enredo presuntamente delictivo que se destapó por la denuncia de uno de los empresarios extorsionados, al que quisieron comprar varios millones de dinares iraquíes en billetes adquiridos en la década de los 90 del siglo pasado como inversión.

Los siete imputados en el caso Tres Reyes, uno de los más llamativos que han protagonizado la escena informativa almeriense en los últimos tiempos, están ya formalmente acusados y pendientes de juicio. Para ellos, el fiscal pide penas que oscilan entre los tres años y once meses a los nueves años de prisión por presuntos delitos de extorsión y pertenencia a grupo criminal.

Caso Hispano Almería

De muy distinta naturaleza, otro caso judicial con implicaciones políticas comparte con el anterior el tener un origen con tintes turbios. El denominado caso Hispano Almería –por el nombre de una conocida constructora contratista de obras con importantes ayuntamientos de la provincia, entre ellos el de Roquetas de Mar y el de Vícar- partió de una denuncia presentada por un colectivo autodenominado contra la corrupción ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Esa denuncia, acompañada de una serie de documentos, apuntaba a presuntos pagos por parte de la constructora a políticos relevantes del PP de Almería, pagos que habrían quedado reflejados –según esa versión- en recibís de la contabilidad B de la empresa.

Pero resultó que los tales documentos habían sido robados al menos un año antes de la caja fuerte de la constructora presuntamente por dos exempleados despedidos y que sobre el robo había abiertas ya diligencias de investigación en un juzgado de Almería. Según se supo después, uno de los exempleados señalado como presunto responsable de la sustracción de los papeles habría estado ‘ofreciéndolos’ a políticos socialistas. Por su parte, el actual responsable de la empresa constructora aseguró públicamente que los documentos estaban manipulados. En todo caso, el fondo del asunto que se había denunciado se aparcó a efectos de investigación ya que, al tener conocimiento de la ‘aparición’ de los documentos en la Fiscalía de Granada, el juzgado almeriense que investigaba su robo los reclamó para la causa y, así, una quedó supeditada a la otra.