El Ayuntamiento de la capital se enfrentó a un escándalo monumental tras demostrarse que venía cobrando más de lo debido desde el año 2008 a miles de almerienses por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Encontramos aquí un repaso a lo acontecido en 2013 sobre el tema conocido como ‘El Catastrazo’.

A toro pasado, lo que más llama la atención de este llamémosle error no subsanado a tiempo es que nadie, al parecer, detectara su existencia por más que se pudiera sospechar que algo raro estaba sucediendo cuando grandes propietarios –inmobiliarias especialmente- presentaban recursos que después ganaban. ¿Nadie se dio cuenta? ¿Ni uno? ¿Ni tan siquiera alguno de los funcionarios que ocupan puesto por oposición? ¿Ningún contratado por concurso de méritos? ¿Ningún asesor de confianza de los que llegan de la mano de los dirigentes? ¿Nadie puso sobre aviso al político que debía decidir qué hacer? Pues al parecer, nadie dijo nada aunque, según la información que estalló y restalló en Almería, había recursos presentados por propietarios de viviendas y a su vez propietarios también entre funcionarios de carrera.

No se puede conformar a los ciudadanos diciendo que nadie se enteró hasta que el asunto no salió en la prensa, sencillamente porque eso dice muy poco en favor de quienes recibían recursos y hasta sentencias. Alguien debió pensar en algún momento que algo raro pasaba. ¿Guardó silencio? ¿No entraba en su plus de productividad? ¿Acaso lo comunicó a su jefe y su superior pasó del tema? ¿Lo comunicó el jefe a la superioridad? El caso es que desde 2008 que entró en vigor la Ponencia, nadie, nadie, nadie encargado de las garantías ciudadanas dijo pío.

El caso es que ante el silencio nadie actuó y el Ayuntamiento de la capital se enfrentó a un escándalo monumental tras demostrarse que venía cobrando más de lo debido desde el año 2008 a muchos miles de almerienses por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).  El origen de todo está en la elaboración de la denominada Ponencia de Valores que cada diez años hay que realizar y en la que se revisan los datos de los bienes inmuebles de la capital. La última, la de 2007, aplicó sus resultados en el IBI correspondiente al ejercicio de 2008 con el error achacado a uno de los arquitectos que participaron en la elaboración de la ponencia quien, al parecer, aplicó anómalamente un coeficiente que correspondía a solares a la totalidad de los inmuebles en esquina.

Sin embargo, la cuestión sigue siendo la indefensión del ciudadano, reducido exclusivamente a su papel de sustentador del sistema. No hay bastante con sufrir las consecuencias de un afán recaudatorio desmedido en cuestiones más o menos de rutina: Hay que pagar por todo, hasta por respirar, sino que, además, hasta ante los errores quien paga el pato es el ciudadano. Y no es que el Ayuntamiento de Almería, cuando el escándalo se hizo público no tomara medidas, que las tomó independientemente de que fueran más o menos justas, sino que el ciudadano durante mucho tiempo se ha sentido totalmente indefenso, con la cabeza llena de preguntas y escéptico sobre el correcto funcionamiento de la administración local y el trabajo de los garantes de su gestión.

Esa y no otra es la cuestión. El ciudadano se ha sentido engañado por el sistema. Ni señala directamente a políticos ni arremete contra trabajadores públicos, simplemente se interroga acerca de su seguridad y se dice que, en este caso, quienes tenían que garantizar la correcta aplicación de los valores catastrales se han comportando como los policías corruptos que miran hacia otro lado cuando conviene. Y algo de razón deben de llevar cuando al empezar a desmadejarse el ovillo del llamado ‘catastrazo’ empieza también a conocerse que había funcionarios o empleados públicos que, sabedores del error, reclamaron de manera particular. Si reclamaron es que sabían del error ¿no se lo comunicaron a sus jefes? ¿Y si se lo comunicaron por qué no actuaron estos paralizando de inmediato el cobro de los recibos? ¿Y una vez que se han conocido estos casos, se ha actuado contra los que guardaron silencio?

Lo que se da no se quita

Lo que también queda en entredicho es la tan cacareada colaboración entre administraciones. Está claro que el fallo inicial fue del Catastro al hacer, y lo que es peor, facilitar al Ayuntamiento una ponencia de valores con errores y después, cuando se ve inundado por reclamaciones cualificadas -fundamentalmente de promotores- cruzarse de brazos y no hacer público el error. Por lo visto el Catastro es cosa de unos pocos aunque afecte a todos. Parece que Hacienda somos todos solo a la hora de pagar y al hacerlo se visa el pago con un “Santa Rita, lo que se da no se quita”

¿Nos podemos fiar ya? ¿De ahora en adelante tendremos suficientes garantías de ponernos en sus manos? La vocación recaudatoria de la administración ha quedado, en este caso, más que manifiesta. “Que nos echen la pasta al saco que luego, si hay que devolverlo, ya veremos. Además ¿y si nadie se da cuenta o se dan cuentan unos pocos?” No es que lo entrecomillado lo haya dicho alguien en concreto, sino que puede ser la máxima que se sigue en esas reuniones en las que, por lo visto, nadie comprueba nada y hay confianza interadministrativa.

En este caso, además, los efectos no solo se han quedado en el recibo del IBI. El ‘error’ o la ‘estafa’ ha alcanzado a otros niveles impositivos: Renta, Patrimonio, Sucesiones, Donaciones y las plusvalías. No existe una evaluación económica de lo cobrado de más pero el propio  Catastro reconoció que estaban afectados cerca de 59.000 inmuebles y se ha hablado de unos 8 millones de euros en devoluciones. El error le costó el puesto a la gerente del Catastro y planteó una serie de críticas y acusaciones mutuas entre los representantes políticos.

¿Qué hubiera pasado de ser al revés? Seguro que el error se hubiera detectado el primer día o, en el primer año y se hubiera exigido el pago íntegro, faltaría más que para eso existe una herramienta eficaz: el embargo. Pero claro, también es posible que no se hubiera detectado porque el ciudadano cualificado que acudió recurso en mano no lo hubiera hecho al ser beneficiado por la medida, ni por supuesto el empleado público de ocho a tres se hubiera enterado. ¿Habrá pasado alguna vez? Yo creo que no, sino que el afán recaudatorio de la administración ni siquiera hubiera permitido el fallo.