El tema de los derribos de Cantoria se ha hecho un importante eco en la prensa internacional por haber afectado a ciudadanos británicos que han visto derribadas sus casas en la provincia. Analizamos el proceso de adquisición y compra que hasta entonces era legal tanto en Almería como en otros lugares.

Había una vez una comarca pujante que encontró en el ladrillo y el boom inmobiliario, la posibilidad de dejar de ser el patito feo, tierra de emigrantes y zona deprimida. Hasta el lugar llegaron miles de vecinos en su gran mayoría de origen británico, pero también alemanes, holandeses y belgas. Su perfil muy definido;  jubilados y pensionistas en busca de invertir los ahorros de su vida, en un lugar provisto de un clima agradable y mares de tranquilidad. Hasta ahí, ninguna aspiración extravagante ni nada diferente a lo que pudiera desear cualquier persona normal. Como era lógico, tal y como se espera en un país que se rige por la ley de la oferta y la demanda, las casas para estos nuevos vecinos, empezaron a levantarse. Primero en aquellas viejas ruinas, que bajo la excusa de la remodelación, se convirtieron en chalets. Luego y a falta de ruinas, el paisaje comenzó a cambiar, y los bancales y terrenos rústicos, pasaron a albergar urbanizaciones de todo tipo. No fue de la noche a la mañana. Las edificaciones se levantaron ladrillo a ladrillo, en horario de trabajo, ante los ojos de todo el mundo y bajo la mirada perdida de la administración. El nuevo Dorado, parecía haber sido descubierto en estas desoladoras pedanías; los jóvenes dejaban de estudiar para ser yesaires y posteriormente constructores. Los que iban a la universidad, entendían que con ser aparejadores el futuro estaría asegurado; los menos, llegaron a arquitectos. La gente se mudaba, compraba sobre plano, segura de que más adelante vendería más caro. Nada podía hacer prever otra cosa; los guiris seguían llegando y tenían que vivir en algún lado. Tanto es así, que localidades como Arboleas, duplicaron su población y los residentes extranjeros a día de hoy, son mayoría en el padrón electoral.

Durante una década, no se habló de ilegalidad, ni de fuera de ordenación, conceptos que parecían ajenos a la fiebre que causaba el ladrillo y que dejaba grandes dividendos a empresarios y ayuntamientos que nunca habían ingresado tanto en las arcas. Pero nada de eso era cierto, ni real. Solo fue un espejismo y el paraíso deseado, comenzó a complicarse. Mucha confusión, participaciones necesarias, tretas y engaños. Para los guiris ya era tarde, llegaba un largo invierno, pero aquí muchos habían hecho su propio agosto. Los buenos tiempos quedaban atrás. Para los desprevenidos propietarios, comenzaba el Vía Crucis.

En la actualidad hablar de las casas fuera de ordenación en Andalucía en general y en Almería y la comarca del Almanzora en particular, exige un tremendo ejercicio de precisión en el lenguaje, en la aplicación de la ley y en la verdadera situación en la que quedan aquellos que han comprado una vivienda en busca de llegar al final de sus días de la mejor manera posible.  Inseguridad conceptual e inseguridad jurídica. Lo que hace no mucho tiempo eran certezas, se han convertido en dudas y sospechas. Lo único seguro por ahora, es que las órdenes de derribo siguen golpeando a las puertas de los jubilados y el sol sale y calienta todos los días.

Fuera de ordenación tal vez sea un término casi ambiguo, que se encuentra a medio camino entre la calificación de ilegal, o la interpretación de alegal. Uno podría preguntarse a qué nos referimos cuando usamos estas acepciones, aunque en términos reales, todas indiquen lo mismo, ya que el destino, como aquellos caminos que conducían a Roma, es la amenaza permanente sobre los propietarios que tienen su casa en los juzgados y la creencia que más temprano que tarde, terminarán en el suelo, a modo de escombros, saqueadas impunemente antes y después de sus derribos.

En cuanto a la ley, todos somos iguales ante ella, pero no todas las viviendas fuera de ordenación, están denunciadas por la autoridad competente. Se estima que hay unas 300.000 casas en esta situación en toda Andalucía y más de 12.000 en la comarca del Almanzora. Las preguntas que se desprenden y es motivo de debate en diferentes foros, reuniones y parlanchería académica, es, qué es lo más justo o cuál sería la solución? Llevar al juzgado las 300.000 o por el contrario, derribarlas? Hay que arreglar lo que se pueda arreglar, dado que el Estado ha sido cómplice del desaguisado por interés, error u omisión?

Como ejemplo un botón basta de muestra. Un ciudadano británico, español o y en estos tiempos belga, compra una casa. Antes de proceder a la transacción, se asesora y comprueba que la vivienda posee licencia concedida por el Ayuntamiento. Siempre siguiendo con nuestro ejemplo, se da el caso que la propiedad no tiene cargas según figura en el Registro de la Propiedad, donde tampoco puede verificarse si tiene algún proceso judicial. Como en apariencia, todo está en regla, se efectúa la compra venta donde intervienen bancos, abogados y notarios, y hasta se expide la correspondiente escritura. Pero resulta, y permítanme decirles que el ejemplo es real, que a la vuelta de pocos años, la Junta de Andalucía intima a los Ayuntamientos que han otorgado esas licencias (Arboleas, Partaloa, Zurgena), a que revoquen la decisión, por lo que una propiedad que se suponía legal, que ha pagado sus tasas correspondientes y hasta en algún caso ha obtenido hipoteca, ahora pasa a ser ilegal. Con sus matices, un Algarrobico en pequeña escala, pero multiplicado por cientos.

Como corolario de nuestro ejemplo, el juez decide al igual que en Vera o en Cantoria, el derribo de las viviendas denunciadas. Establece una indemnización que corre a cargo del constructor y absuelve a los ayuntamientos. El constructor, que ya se ha declarado insolvente, no paga, y el comprador de buena fe, termina en la calle, sin casa y sin dinero.

De ahí, otras preguntas; ¿estaba todo premeditado? ¿debían los abogados, notarios, inmobiliarias, bancos, vendedores y compradores, conocer esta situación? ¿Se puede hablar de estafa a gran escala con una cadena de participantes necesarios en la trama? ¿Debe ser un comprador (extranjero) experto en derecho administrativo para prever lo que sucedería? ¿Dónde está el dinero que los Ayuntamientos obtuvieron como beneficio de esas construcciones? ¿El Estado ha participado de la trama como una especie de cómplice involuntario? Evidentemente, lo mío es pura retórica y las respuestas se caen por su propio peso.

Ante tanto desorden, nunca mejor dicho, hay dos posturas claramente diferenciadas. Por un lado la Junta de Andalucía elabora un decreto conocido como el 2/2012. Una normativa que sería larga de explicar, pero que básicamente aparece, según la opinión de los expertos, como un todo insuficiente que no resuelve la situación de legalidad de las viviendas y tampoco detiene los cientos de procedimientos que aunque lentos avanzan en los juzgados y han comenzado a ver la luz. Para las víctimas y sus representantes legales, el Decreto 2/20012 es un parche, un apósito con el que se le quiere aplacar la hemorragia, a quien ha sufrido una herida de bala. En el mejor de los casos, una casa podría legalizarse al cabo de diez o quince años, un tiempo con el que los propietarios no saben si contarán, por la avanzada edad de la mayoría de ellos. Lo de las parcelaciones, venta y herencia, merecerían un artículo aparte.

Del otro lado, están quienes apelando al sentido común, entienden que no se pueden derribar las casas, que si hubo algún mal, éste ya está hecho, y que la única forma de dar solución a la situación es cortando por lo sano; es decir, derogar la ley, en este caso el POTA (Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía) y hacer tabla rasa. Esto evitaría los derribos, permitiría la legalización de la mayoría de las casas, es decir de aquellas que sean legalizables, y como beneficio colateral, posibilitaría que aumente la recaudación de los municipios en las que se encuentren. Los colectivos de afectados en la comarca del Almanzora, estiman en varios millones de euros su aportación a las delicadas economías locales.

En la realidad, a pie de trinchera, el problema es muy grande y afecta de manera determinante el destino de miles de familias. Son innumerables los compradores que entregaron sus ahorros ante fedatario público y autoridades competentes, y hoy no entienden por qué son ellos los grandes perjudicados. Por eso el tema ha trascendido nuestras fronteras y hacia el exterior se proyecta la peor imagen de nuestro país, en cuanto a seguridad jurídica se refiere.

Periódicos como el influyente The Times el pasado 19 de octubre abordaba la problemática y ponía el acento en “la amenaza de las excavadoras, sobre las viviendas de miles de expatriados británicos”. El mismo diario el día 28 del mismo mes, volvía a la carga, hablando “del paraíso reducido a escombros, en el que se debatían sus conciudadanos”. El Daily Mail, el 27 de noviembre calificaba como de ”escándalo”, a la situación del urbanismo en nuestro país, y habla de “jubilados atrapados en pueblos fantasmas”. La Cadena 4 de la renombrada BBC, emitía hace pocos meses un radioteatro basado en el tema de las viviendas ilegales, cuyo protagonista se daba cuenta después de 20 años viviendo en España, que su casa era ilegal.

Podríamos citar innumerables ejemplos más acerca de la bochornosa imagen, la escasa seriedad y la inseguridad jurídica con la que ahuyentamos a cualquier ciudadano que quisiera venir a invertir en esto que llaman turismo residencial. La última palabra la tiene la política, pero sus protagonistas, no parecen encontrar el camino a la solución. La realidad se impone y el precio económico, emocional y jurídico que han tenido que pagar quienes llegaron hasta aquí a descansar, ha sido y es, demasiado elevado. Ya se sabe; sin tretas, no hay paraíso.