En 2013 los casos de corrupción que se han dado en España han tenido sus ramificaciones en Almería, pero también se ha dado la corrupción a nivel local con dos casos que han puesto en evidencia la falta de transparencia y la mala gestión económica de las instituciones. En este artículo repasamos el caso Cheques y el caso Facturas.

La proliferación de más y más casos de corrupción en nuestro país en los últimos años, con episodios tan ignominiosos e indecentes como la trama Gürtel o el caso de los ERE, que han extendido hasta la provincia sus ramificaciones al menos procesales a falta todavía del enjuiciamiento definitivo, está repercutiendo seriamente en la falta de credibilidad del mensaje de los grandes partidos, ha disparado la desafección política hasta extremos nunca antes alcanzados y ha servido también para evidenciar la inutilidad de los mecanismos de control interno de las administraciones y de los externos que se suelen realizar a través de entidades de fiscalización y auditoría de las cuentas públicas. Si bien en Almería no se han cazado, de momento, a cargos y excargos con cuentas multimillonarias en Suiza como ha ocurrido con Luis Bárcenas o Jordi Pujol, en el último año se han logrado poner al descubierto dos grandes casos de malversación y fuga de caudales públicos que se suman a un largo historial de imputaciones y condenas que han salpicado a alcaldes, concejales y exdirigentes de la provincia con independencia de su ideología política. Si el sistema de control del dinero de los ciudadanos es un buen indicador de la madurez democrática de las instituciones en cualquier sociedad, en Almería dos de los grandes aparatos de la administración pública, el de la Diputación y el de la Junta de Andalucía, han sido víctimas de una nefasta utilización, sin ningún tipo de transparencia, legalidad y eficiencia por parte de sus anteriores gestores quienes, con independencia de tratarse de casos aislados, han puesto en jaque su calidad democrática. Casi medio millón de euros se ordeñaron de las arcas del Patronato Provincial de Turismo en la pasada legislatura y otros 300.000 euros se esfumaron de la cuenta del Fondo de Mejora Forestal de la Consejería de Medio Ambiente entre marzo de 2009 y noviembre de 2012. Desde despachos a los que nunca debían haber llegado los televisores de plasma y sillones de piel se tomaron decisiones que posibilitaron que unos cuantos, más bien pocos, se beneficiaran del dinero que aportan los almerienses a través de sus impuestos con mucho esfuerzo y sacrificio.

En el caso de las facturas falsas y no tan falsas del Patronato de Turismo hay un reducido número de personas que deben responder ante la justicia, y de hecho están a la espera de juicio una vez que se ha completado la instrucción, como presuntos ‘cerebros’ de una trama que tiene su origen en expedientes ilegales de la agencia Leitour Viajes por la que se consintió la fuga de casi medio millón de euros de las arcas públicas; hay otros tantos que sin ser los artífices se beneficiaron de las irregularidades gracias a viajes, estancias privadas de hotel y otros privilegios y, por último, están las personas que han sido utilizadas, víctimas de esta red de malversación. Además de los funcionarios de la Diputación a los que se les asignan gastos por participar en acciones promocionales en las ciudades de Zurich, Viena, Lisboa, Londres y Edimburgo, entre otros destinos europeos a los que nunca viajaron y cuya asistencia ha logrado ser descartada porque la institución supramunicipal cuenta con una aplicación informática de huella digital con la que gestiona el control de la presencia horaria, también se han visto afectados por el engaño los dos exgerentes, los empresarios Antonio Cantón y Francisco Iglesias, así como un nutrido grupo de cargos del PSOE almeriense que sin merecerlo se han encontrado en una lista negra por facturas ficticias e irreales.

La actividad instructora del juez Luis Durbán, como preparación del juicio oral y público, concluyó antes del verano después de más de un año practicando diligencias en torno una trama por la que se han demostrado los indicios racionales de delito de una veintena de imputados, si bien tendrá que determinarse el grado de responsabilidad de cada uno. El paso de 53 testigos por el Juzgado de Instrucción número 6 de Almería y los informes policiales no han permitido al magistrado señalar con exactitud al cabecilla de la red, si bien en su auto del 30 de mayo establecía una serie de argumentos jurídicos en los que focaliza las actuaciones en la que fuera secretaria y jefa de Servicio del Patronato, Teresa González, y en su relación con Leitour Viajes y con otros proveedores a los que daba instrucciones sobre los conceptos que debían hacer constar en las facturas. Además de los viajes privados que disfrutó con su hija y personas allegadas, como la estancia en Nueva York y el tour guiado por San Francisco, el juez entiende que cargó al Patronato el importe de numerosas facturas y tickets de restaurantes, parkings, peajes y papelerías, que les imputaba a los exgerentes, de los que disfrutó a título personal, al igual que hizo con mobiliario aparentemente destinado al Patronato que acabó en su vivienda. Es más, según el informe policial, adquirió cuatro terminales Iphone que los administradores de la empresa Tecnología y Comunicaciones Móviles habían facturado a Diputación con un concepto ficticio de instalación de dos equipos telefónicos. Está por determinar si fue matriarca del entramado, aunque el juez ya ha dejado claro que ha sido una de las más beneficiadas de lujos y placeres como los  viajes mencionados y otros tan descarados como los tratamientos de reflexología y células que recibió en el Balneario Termas de Archena. De hecho, en su escrito también aparecen dos anticipos, por importe de 2.506 y 2.875 euros que ingresó en su cartilla personal porque era la que administraba las cuentas del Patronato. Teresa está en el foco, pero existen un sinfín de interrogantes sobre el origen de la urdimbre por la que se esquilmaron los fondos de la Diputación.

Sólo 11 de las 99 facturas que se encontraron entre carpetas, correos electrónicos y el disco duro de la agencia corresponden a desplazamientos reales de los técnicos. Pero no sólo hablamos de participación en ferias y otras jornadas y acciones turísticas. Tan sólo en el reconocimiento extrajudicial de créditos del año 2010 se contabilizan 13.687 euros en servicios de restauración que no se han explicado ni detallado, por lo que no existe expediente administrativo que justifique el gasto. Buena parte de esas comidas que aparecen con la rúbrica de la exsecretaria delegada le constan a Cantón, quien argumentó ante la jueza que no pasó ni un sólo gasto ni una sola dieta durante su estancia en la Diputación. Hay más de 200 dietas por comidas facturadas en las que figura su nombre. Paco Iglesias también tiene claro que se le atribuyen gastos que nunca realizó, en su mayoría mediante anticipos de caja a los que suele dar conformidad la exsecretaria delegada. Este tipo de anticipos permiten a los técnicos y a Teresa González, como jefa del servicio jurídico-administrativo, justificar directamente gastos con la intervención sin necesidad de que pasaran por el gerente ni el diputado. Tan sólo hace falta la firma de la exresponsable de la contabilidad y el ticket que acredite el importe supuestamente abonado. De ahí que la exsecretaria delegada se haya situado en el epicentro, con independencia de que el magistrado no pierda de vista el respaldo y conformidad a su gestión del vicepresidente de Diputación Luis Pérez Montoya, más aún después de conocerse que ordenó destruir numerosos expedientes y documentos antes de que procediera legalmente su expurgo, siempre con el ánimo de asegurar su impunidad.

Durante el juicio oral deberá aclarse la legalidad de los pagos al Club Unicaja de Voleibol (tres imputados), así como otros abonos que realizó la agencia de viajes al empresario Joaquín Conde por valor de 179.562 euros. Otros beneficiarios ilegítimos de viajes y servicios con cargo al Patronato como los socialistas Juan Antonio Bisbal y José Andrés Soler alías Yubri aparecen en segunda línea del entramado y no han querido señalar al artífice que hizo posible sus privilegios, si bien ha quedado más que demostrado su vínculo con la exjefa y el administrador de Publifiestas Conde. Ante el juez todos argumentaron sufragar sus facturas, si bien son muy pocos los que han podido demostrarlo con recibos o transferencias. Yubri, por ejemplo, pidió la declaración ante el magistrado de 14 personas de la Peña Regiones, para contar que pagaron sus viajes a Leitour, pero fue denegada su declaración en fase sumarial al entender que deberían presentar documentos y no más testimonios. También rechazó el magistrado la solicitud de pericial caligráfica de Luis Pérez Montoya con la que pretendía demostrar que no firmó anticipos de caja en los que figura como el de las dos facturas de Fitur 2011 que se ingresaron en una cuenta de Teresa González. El que fuera concejal de Adra hasta su imputación está señalado por el juez desde un primer momento como responsable político del caso facturas en una investigación que erróneamente se había centrado en un principio en unas posibles irregularidades cometidas por el socialista y que también salpicaban al exgerente Paco Iglesias. Esta tesis se ha desmontado al escuchar la versión de los testigos y demostrarse que fue precisamente Iglesias el que denunció los hechos que ahora se enjuician, una víctima más de la trama, de ahí su desimputación.

A las facturas ficticias, irreales y hasta duplicadas por desplazamientos de técnicos y funcionarios de la Diputación que nunca se realizaron a través de Leitour Viajes (Agencia Martos y Guerrero SA en los informes de la Unidad de Policía Judicial Adscrita al Fiscal Superior de Andalucía) se sumó meses después el caso de los cheques de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, cuyo montante asciende a 300.000 euros. Desde un primer momento se ha señalado a los dos claveros de la cuenta de la que se ha saqueado el dinero, el exdelegado y exsecretario general, si bien durante el juicio se señaló la posible responsabilidad que hayan podido tener otros funcionarios con margen de maniobra en la retirada de esos fondos. Fueron más de cien talones al portador cuyos beneficiarios aún se desconocen, si bien el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería recabó los datos de los “ejecutores” de la retirada de cheques en la entidad bancaria. Fue el equipo del actual delegado de Medio Ambiente, José Manuel Ortiz, el que detectó la posible malversación fruto de las operaciones que se realizaron al unificar las consejerías de Medio Ambiente y Agricultura.

Con la denuncia en los tribunales se logró frenar un nuevo atropello político del interés público, aunque fueron cuatro años de impunes tropelías. De hecho, con anterioridad a destaparse el fraude se conocía un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía que detectó incidencias en 28 de las 30 cartillas, nada menos que un 93%, de la administración andaluza en la provincia. El caso de los cheques ha permitido poner en orden una situación cuanto menos alarmante en el control de los fondos públicos, a la espera de que se pueda recuperar el dinero y juzgar a los culpables. Los partidos que afrontan ahora las municipales deben dar ejemplo y apartar de sus listas, como vienen prometiendo sin llegarlo nunca a cumplir, a los políticos imputados y condenados sin menosprecio de la presunción de inocencia, un derecho vulnerado principalmente por los partidos de la oposición en recientes casos de dirigentes y excargos que han sido absueltos de diferentes delitos como el exalcalde de Ohanes, Juan Francisco Sierra, o los actuales regidores de Gádor y Sorbas, Eugenio Gonzálvez y José Fernández. En España hay más de un millar de cargos públicos procesados y varias decenas de condenados, una treintena en la provincia. Es cierto que representan a una mínima parte de la clase política, si bien el 95 % de los ciudadanos considera que la corrupción está asentada en España, según el último Informe de la Comisión Europea sobre la corrupción. Y es que la sociedad, por mucho que le pese a algunos, está evolucionando y no está dispuesta a tolerar más abusos y atropellos. Ya han sido demasiados. Los innumerables robos de fondos públicos que se han cometido en los últimos años, cuando más apretaba la crisis a millones de familias, han puesto de relieve la urgente necesidad de un proceso de higienización democrática e institucional, con mecanismos de control más estrictos y eficientes de la financiación de los partidos y entidades públicas en todas sus esferas.