El Caso Hispano Almería irrumpe durante 2013 en los medios nacionales por el escándalo que supone el descubrimiento de la contabilidad b de la constructora que supuestamente ha financiado de forma irregular al PP en Almería durante una década a través de la contratación de obras y mediante el pago de comisiones a los políticos y técnicos del ayuntamiento de Roquetas de Mar, principal cliente de la empresa Hispano Almería. El autor del artículo reflexiona sobre las consecuencias nefastas para el periodismo a consecuencia de este caso silenciado en la prensa local.

El poder, sin controles, se hace corrupto y cuando la corrupción se adentra en el sistema  la democracia está en peligro. Los que trabajamos en los medios de comunicación somos conscientes de que ese riesgo es más que una hipótesis, es un proceso que forma parte de la realidad y que se extiende como una gangrena. Pero nunca creía que hubiéramos tocado tanto fondo y este artículo es la constatación de ello. Me explico. Mi colaboración en este Anuario Crítico, inicialmente, iba a estar centrada en otro tema, pero una llamada de los editores cambió las tornas. Me proponían que me hiciera cargo del sangrante tema de los casos de corrupción, de la presunta financiación irregular de los partidos y de los desmanes del poder que están en manos de los jueces. El reto no era fácil y menos porque el tema llegaba a mí después de haber sido rechazado por varios compañeros a los que se les había ofrecido. El miedo a hablar de lo intocable y las consecuencias que pudiera tener en sus trabajos era la justificación que habían esgrimido para no hablar de la corrupción. El miedo, ese virus que se inocula cuando el poder amedranta rompiendo la capacidad de acción y de reacción, es la antesala de la muerte de la profesión periodística. De hecho, sólo unos días antes la junta general de socios de la Asociación de la Prensa de Almería aprobaba por unanimidad un manifiesto que bajo el título “El Periodismo, patrimonio de todos” alertaba de que Almería no estaba exenta y que está siendo igualmente azotada por esta situación que está poniendo en tela de juicio el periodismo como labor social y los medios de comunicación como realidad empresarial viable que sustente el derecho a la información de los ciudadanos. Tremendo mensaje de socorro sobre esta necesaria profesión que, de forma contundente, venía a denunciar un hecho impensable desde la dictadura.

El silencio de los medios sobre temas que afectan a políticos o responsables del poder establecido se está convirtiendo en un hecho cada día más evidente, que pone en riesgo la confianza de los ciudadanos. Las empresas editoras han dejado de hacer periodismo para centrar su estrategia en la cuenta de resultados. Una denuncia que cobraba más fuerza con la imputación del alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, por cuatro presuntos delitos: blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental y contra la Hacienda pública. Un asunto, a todas luces noticiable, que fue obviado por algunos de los principales medios de comunicación de la provincia hasta que los grupos políticos de la oposición convocaron ruedas de prensa pidiendo su dimisión. El asunto abría un intenso debate en los foros periodísticos. Tras el silencio, el mismo alcalde anunciaba días después su desimputación en pleno, que sí fue recogida por la prensa. Así las cosas, si los medios son capaces de obviar la acción de la Justicia por una llamada de teléfono del político de turno, si  ocultan a sus lectores un tema por el temor a perder una subvención o un contrato publicitario o, simplemente, por el compadreo entre directores y políticos, los medios no están en crisis, están contagiados de una enfermedad que les abocará al descrédito y a la desaparición. Esta profesión está en peligro y sólo desde dentro podremos abordar la regeneración y retomar el crédito de la audiencia. Los que mandan, los políticos y los editores, se equivocan. Si piensan que en plena era digital no publicar una noticia en un medio es garantía de que esa información no exista están más que equivocados. No viven en el mundo real donde las redes sociales y los medios digitales pulverizan cabeceras sin piedad. El mundo de la comunicación afortunadamente ha cambiado y la profesión periodística sigue siendo una garantía del derecho fundamental a la información que recoge la Constitución en su artículo 20. Mientras haya formas de publicar noticias que pasen el filtro de la censura política o, lo que es peor, la autocensura de editores y periodistas, esta profesión seguirá teniendo sentido y la democracia seguirá viva. Los ciudadanos se podrán enterar de que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía investiga si existen retrasos injustificados en los casos de corrupción que se investigan en Almería, en concreto por la denuncia presentada en el juzgado de instrucción número uno de Roquetas por una presunta red de más de cien empresas vinculadas al alcalde de la localidad, presidente del PP de Almería y presidente de la Diputación Provincial, Gabriel Amat. Del caso Hispano Almería, cuya investigación, según las informaciones publicadas, apuntan a la posible financiación irregular del PP provincial con los pagos de una caja b de la constructora que ha logrado la mayoría de los concursos de obras públicas de Roquetas de Mar en la última década, y de otros ayuntamientos del Poniente. El procesamiento de una veintena de personas, entre las que se encuentran el exsocialista Luis Pérez o el presidente del Unicaja de Voleibol, Ramón Sedeño, en el caso “facturas falsas” del Patronato de Turismo, por la presunta malversación de 450.000 euros. O más casos, como las denuncias que se investigan contra el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez; o contra el alcalde de Garrucha, Juan Francisco Fernández, por presunto delito de prevaricación. La condena de siete años y nueve meses de inhabilitación contra el alcalde Somontín, Ramón Rueda, y la condena de dos años de cárcel y 23 meses de inhabilitación para cargo y empleo público al alcalde de Cantoria, Pedro Llamas.