Los recortes activados por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero -deuda del 11,4 por ciento del PIB a comienzos de 2010- se anticiparon meses antes en una mayoría de consistorios españoles. Despidos de trabajadores eventuales y contracción del gasto han sido producto del descenso en la recaudación municipal. Según un informe del BBVA, la tercera parte de los ingresos municipales propiciados por la pujanza de la construcción tiene una base estable, toda vez que provienen del impuesto de bienes inmuebles (IBI). Sin embargo, el 66% de las entradas de dinero por esta vía encuentran su origen en impuestos relacionados con la obra nueva, ventas de terrenos o tasas por licencias. En síntesis, el advenimiento de la crisis del ladrillo se ha traducido en desequilibrio presupuestario: menos recursos, mayores recortes. Según datos cerrados a finales de 2009, de los 47 ayuntamientos andaluces con deudas superiores al 75 por ciento de sus ingresos, diez están en la provincia. El informe de Economía y Hacienda situaba a El Ejido (81,2 millones de euros) en el puesto 47 entre los consistorios más endeudados de nuestro país. Símbolo de esta asfixia financiera es el mediático conflicto socio-laboral de la empresa mixta de servicios municipales (Elsur), envuelta en una nebulosa de crispación por despidos, amenazas de expedientes de regulación de empleo y retrasos en los pagos mensuales a la plantilla. No obstante, el núcleo del Poniente, que en la fecha de redacción de este análisis aún no tenía plan de saneamiento, no es el primero en la lista provincial de ayuntamientos deudores. Por delante está, como segundo, Cuevas del Almanzora, con un endeudamiento del 148,4 por ciento. El  cuarto puesto lo ocupa La Mojonera, al que le siguen Dalías, Roquetas de Mar, Adra y María. Las arcas de estos ocho consistorios pueden verse afectadas por la decisión del Ministerio de Economía y Hacienda de impedir cerrar operaciones de endeudamiento a largo plazo a aquellas entidades locales con una deuda viva superior al 75% de sus ingresos.

 

El banco de una parada de autobús sirve de aposento a unos cuantos jubilados de Alhabia. Es una mañana cualquiera. Ajenos al ambiente bucólico y a la calma social que denota esta imagen están los trabajadores municipales, que han sufrido retrasos en los pagos de las nóminas durante 2010. El Ayuntamiento de Alhabia, según el colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), es el que tiene más deuda en Almería y ostenta el segundo puesto en España, con 3,4 millones de euros, sólo superado por el de Almensilla (Sevilla). El despido de contratados eventuales y la reducción de gastos en partidas culturales y de inversión han sido algunas consecuencias del impacto del déficit, que superaba el 301,31 por ciento en relación a los ingresos. Los municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes han sido, tal vez, los más afectados. La administración regional está tutelando planes de saneamiento a tres años. Junto al municipio de Antas, que cerró en 2010 su propio plan, este año vencen los aprobados por los ayuntamientos de Macael, Albox, Adra, Huércal-Overa, Tíjola, Laujar y Berja. Otros consistorios se han sumado a la lista: Pulpí, Olula del Río o Níjar son algunos ejemplos de esta ola de disciplina presupuestaria. Paradigmático es el caso de Macael. Los yacimientos de piedra natural que se esconden en las montañas de Los Filabres han sido objeto de deseo, un eje de transversalidad que ha evolucionado hacia una industria pionera y rica. Pero el gusto por el lujo de los actuales jeques árabes no ha sido suficiente para amortiguar el golpeo colateral que ha supuesto la burbuja del sector del ‘ladrillo’. En la comarca del mármol, Macael es una de las localidades más castigada por la crisis. La deuda del ayuntamiento obligó en mayo de 2010 al alcalde, Juan Pastor, a despedir a 16 operarios y a cesar a tres cargos de confianza. La irregularidad en el cobro de los salarios ha caracterizado la gestión municipal. El Gobierno local achaca parte del problema a la alta morosidad en el pago de impuestos de algunas empresas de la zona. Aquí se ha fracturado el activo binomio canteras-recaudación.

En Huércal de Almería, el gobierno local ha hecho “ingeniería contable” -alcalde, dixit- para equilibrar las cuentas. A finales de 2009, plantearon un ERE para extinguir 29 empleos, rechazado por los sindicatos. En el recuerdo quedan los no muy lejanos tiempos en que el área de Festejos negociaba con los agentes de Miguel Bosé para ofrecer conciertos al aire libre. Las austeras carrozas de la última Cabalgata de Reyes dan fe de las nuevas perspectivas económicas.

 

La estrategia proactiva de las administraciones públicas en aras del estímulo de la economía ha sido bien recibida por las corporaciones locales. Las obras de los planes de fomento del empleo público impulsadas por el Gobierno han servido de diáspora económica y laboral. Además de propiciar la contratación directa de parados, estos fondos han generado nuevas inversiones en infraestructuras y servicios. Con cargo al 'Plan E', la provincia recibió el pasado año unos 72 millones de euros. El plan Proteja, en sus dos ediciones, ha contado con una inversión global que supera los 42 millones de euros, mientras que en las dos convocatorias del plan Memta de la Consejería de Empleo - 2008 y 2009-, los trabajos ejecutados ascienden a unos diez millones y medio de euros. El contrapunto a los números rojos que sufren el grueso de los ayuntamientos almerienses lo constituyen los municipios de Alcudia de Monteagud, Benitagla, Benizalón, Castro de Filabres, Cóbdar, Felix, Instinción, Laujar de Andarax, Paterna del Río, Rágol, Santa Fe de Mondújar, Tabernas, Tahal, Turrillas, Urrácal, Velefique y Viator, cuya deuda pública, a 31 de diciembre de 2009, era igual a cero. La capacidad financiera de estos consistorios ha aumentado la operatividad en la gestión de obra pública, en cierto modo porque buena parte de los gobiernos locales se adelantaron a las turbulencias antes del estallido de la crisis. Es la antítesis de una situación general que no coincide con estos signos objetivos de salud financiera que apuntan algunos responsables públicos.

“Nosotros empezamos a reducir deuda hace ya ocho años, no ahora”, asevera el alcalde de Alboloduy, Antonio Salvador Matarín. “Apenas hemos bajado el presupuesto”, incide el primer edil de Alcolea, Fernando Utrilla. “Aquí no se ha notado la crisis”, dice el regidor de Alcudia, Pedro Cáceres. Otra alcaldesa, Remedios López, de Santa Fe de Mondújar, concreta en pocas palabras lo que ha supuesto la crisis para estos pueblos ahorradores. “Deuda no hay, pero si llamamos para actuar al Niño de las Cuevas, ahora le decimos que tiene que venir gratis. Ya le hemos pagado bien antes”, concluye.