¿Cuánto cuesta un café? No se piensen que la pregunta no tiene su
‘intríngulis’. Se la hicieron al presidente José Luis Rodríguez
Zapatero en Televisión Española en el histórico programa ‘Tengo una
pregunta para usted’ y la respuesta dio la vuelta al globo varias
veces si se tiene en cuenta la cascada de chascarrillos que arrancó
cuando esto de la crisis era aún una entelequia. “80 céntimos”, dijo
entonces el presidente. Ahora, en pocos días o semanas, tendría que
decir 0,85. Se preguntarán ustedes que a dónde tiene que ir a
ahorrarse esos centimillos hasta el 1,10 que cuesta en la mayor parte
de cafeterías de Almería. La respuesta es sencilla: en el Congreso de
los Diputados. Una cantina con precios fijados por concurso. Ese mismo
hemiciclo que en su concurso para otorgar los servicios de cafetería
limitó el precio del ‘gintonic’ a 3,45 ‘eurillos’. Sí, leen ustedes
bien, no le han subido las dioptrias. Más barato que a usted después
de recurrir a un ‘flyer’ con descuento. Duró, ese precio, “lo que
duran dos peces de hielo en un whisky ‘on the rocks’” –que, por
cierto, no aparece en la carta–. ¿Cuestión de sensibilidad? Decidan
ustedes.

La cuestión es que, tras litros de tinta, kilos de papel de imprenta,
gigas de información en internet, y ondas por doquier… el Parlamento
reflexionó. Los ‘gintonics’ costarán a precio de mercado. Así son las
cosas y así se las hemos contado. Fin de la historia. ¿O no? El tema
de fondo no es cuatro ‘gintonics’ a precio tasado. Es que la política,
ese digno trabajo de búsqueda del bien común partiendo de puntos de
vista diferentes, del debate, de la pugna, del consenso y del pacto,
está tan en horas bajas como lo está la economía del bolsillo del
lector.

Veamos. Su empresa, para la que aún trabaja –es un ejemplo, dado que
probablemente usted esté, como millones de españoles, en el paro– le
traslada a Madrid para trabajar, puntualmente, varios días entre
semana. Obviamente, usted, con un salario normalito, no tiene
pudientes para pagarse su vivienda allí y seguir pagando la hipoteca o
el alquiler en Almería. La empresa le paga entonces sus estancias en
Madrid, que normalmente deberá justificar. Si usted tiene casa allí…
¿Qué hará su empresa? Claro está, no le dará un euro para vivir. La
excepción está en el Congreso. “Además de las percepciones
individuales”, dice el régimen económico de la Cámara Baja, “los
diputados tienen derecho a las ayudas, franquicias e indemnizaciones
por gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su
función”. En el caso de los diputados electos por Almería, 1.823,86
euros. “Es una cantidad dedicada, pues, a cubrir gastos”, remarca el
Congreso, y que se suma a su salario, 2.813, 87 en el caso de un
diputado ‘raso’. ¿Qué gastos? Los que origine la actividad de la
Cámara. Pero vivienda, esencialmente. Porque el transporte, el taxi en
Madrid o las dietas de los viajes oficiales se contemplan en otros
apartados. Pues bien, de los seis diputados ‘almerienses’, tres tienen
vivienda en propiedad en Madrid, según declaran ellos mismos a la
Cámara. Son Rafael Hernando y Juan José Matarí (PP) y Consuelo Rumí
(PSOE). El régimen económico de la Cámara no prevé otro comportamiento
distinto en estas situaciones. En este caso, los ríos de tinta han
servido para… nada. Absolutamente nada.

“Se debe ser coherentes con lo que se predica, sobre todo si decimos
que vamos a ser austeros. Hay que aplicarlo a uno mismo, y no a los
demás o a los ciudadanos”, decía José Luis Sánchez Teruel, secretario
general del PSOE de Almería, en septiembre de 2011. Lo hacía a cuenta
de los asesores de Diputación, después de que apareciera en el Boletín
Oficial de la Provincia el nombramiento de Guadalupe Hueso, mujer del
alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, y madre del
diputado de Empleo y Promoción Económica, Amós García, para asesorar
al presidente en cuestiones de desarrollo provincial. Hacía poco que
el PSOE había abandonado el Gobierno en la Diputación tras el
escándalo del ‘caso asesores’. “Ellos tuvieron 70 asesores”, le
reprendía Javier Aureliano García, vicepresidente de la Diputación,
ahora popular. Y tú más.

En octubre de 2012, el PSOE levanta la liebre. La Agrupación General
de Tráfico había sancionado a un vehículo del Ayuntamiento de La
Mojonera por circular a 150 en una carretera limitada a 100. ¿Dónde?
En Sevilla. Ese mismo día, el Parlamento de Andalucía, donde es
diputado el alcalde del municipio, José Cara, celebraba sesión
plenaria. ¿Quién conducía el coche? ¿Qué hacía en Sevilla? No se sabe.
El Ayuntamiento de La Mojonera afirmó abiertamente que no cuenta con
un registro sobre quién usa los dos vehículos oficiales de la
corporación. Y al no identificar al conductor, la multa ascendió a 900
euros, aunque no se le detrajeron los dos puntos que conlleva dicho
comportamiento al no haber conductor identificado. El alcalde acabó
pagando la multa de su bolsillo pero, aún a día de hoy, nadie sabe
oficialmente quién conducía y qué hacía el coche oficial en Sevilla.

Cuestiones de transparencia, registros, nóminas, dietas, asesores o
‘gintonics’ son las excepciones de una regla que pasa por
ayuntamientos en los que el alcalde no cobra un céntimo y trabaja
hasta la extenuación, concejales que se quitan horas de ocio y sueño
para decorar la plaza del pueblo con sus propias manos para las
fiestas y regidores que usan su coche como ambulancia, transporte de
material de obras o para trasladar libros a una biblioteca hecha a
pulso, sin ver un euro en su cuenta corriente.

Pese a todo, excepciones de las que no se libra nadie. En el
Parlamento de Andalucía, la mesa pactó elevar las retribuciones de los
portavoces de los grupos políticos sin oposición. Sin oposición…
interna. La cuestión trascendió semanas después a la opinión pública
y, de golpe y porrazo, paso atrás y aquí no ha pasado nada. Lo que aún
no he conseguido saber es cuánto cuesta un café en la Cámara
sevillana.