Incluso antes de conocer los detalles a muchos les temblaban ya las piernas al escuchar los primeros rumores sobre las intenciones del Gobierno nacional de 'recortar' también en aquello que llaman Administración Local. Alcaldes, concejales, consejeros, diputados, presidentes de mancomunidades... ¿quién caería primero?
Como era de esperar, la oposición no tardó en hacer saltar la alarma sobre esta medida del Partido Popular que, según auguraba el PSOE, solo perseguía que ‘los suyos’ hicieran negocio, como declaraba en los primeros días de 2013 el secretario provincial socialista, José Luis Sánchez Teruel en lo que sería el pistoletazo de salida de una carrera  en la que los llamados partidos mayoritarios competían por convencer al ciudadano de a pie quien, por otro lado, estaba más centrado en llegar a fin de mes.
Pero olvidémonos del ciudadano por un momento y hablemos de políticos. Y es que la nube gris que se cernía meses atrás sobre nuestros alcaldes, concejales y demás personajes públicos, finalmente, dejó caer un par de tormentas.
Vayamos por pasos. La reforma de la Administración Local determinó distintos baremos sobre los sueldos, dependiendo del número de habitantes del municipio. De este modo, para los municipios de entre 150.000 y 300.000 habitantes, se establece un límite de 80.000 euros anuales para el sueldo de los alcaldes; en el caso de los municipios de entre 20.000 y 50.000, la cifra establecida son 65.000 euros; y en los pueblos de entre 1.000 y 2.000 habitantes, el salario máximo será de 20.000 euros. Los alcaldes de pueblos de menos de 1.000 habitantes, por otro lado, no cobrarán por su función como alcaldes. Por supuesto que, en todo momento se habla de los salarios procedentes de las arcas municipales.
Aunque la reforma también habla de concejales. En los pueblos de entre 50.000 y 10.000 habitantes, podrán cobrar un máximo de 15 ediles; y en los que tienen entre 10.000 y 15.000, solo cinco. Se entiende que en los demás casos, no habrá sueldo. En cuanto al número de asesores, se limita al mismo número que concejales en los municipios de más de 75.000 habitantes y a la mitad del número de éstos en los menores de esa misma cifra.

Traducción al almeriense:

En Almería hay 102 municipios. De ellos, 51 (la mitad) tienen menos de 1.000 habitantes por lo que, por lógica, su 'carga' de ediles debería ser bastante reducida sin la necesidad de ajustarse a la Reforma de la Administración Local. Sin embargo, los alcaldes de Alcóntar, Fondón, Suflí, Las Tres Villas, Bacares y Urrácal dejaron de cobrar.  Sobre el resto de pueblos, la inmensa mayoría apenas llega a los 5.000 habitantes y sólo los que se pueden contar con una mano superan los 20.000 vecinos.
Existe pruebas, incluso, que demuestran que hay concejales y alcaldes que no cobran sueldos de las arcas municipales. En la provincia, según las cifras estimadas antes de la nueva normativa, había 48 alcaldes en esta situación.
Eso sí, habría que puntualizar, que ello no significa que vivan del aire (como se suele decir) ya que hay casos en los que compaginan su labor al cargo de alcaldías con un trabajo 'tradicional'  o que ya están jubilados; y también existen casos de alcaldes que cobran salarios públicos porque ocupan otros cargos dentro de sus partidos o dentro del Gobierno provincial, regional o nacional. Sueldos que, superan con creces lo que, según las cifras establecidas por el Gobierno deberían recibir de sus ayuntamientos. En esta situación se encontrarían alcaldes como los de Roquetas de Mar, Gádor, Cuevas de Almanzora, La Mojonera, Sorbas o Albox. Sobre qué cargos desempeñan, además de sus alcaldías, se podría ahondar durante varias vidas en algunos casos. Pero esa es otra historia.   
Por supuesto que la Diputación no se queda sin 'recortes' debido a los concejales (de todos los partidos) que se quedan sin cargo y sin sueldo. Los más afortunados, tiene un trabajo en la empresa pública o privada esperándoles. Los que no tienen esa suerte, se sumarán al resto de mortales que tratan de buscarse la vida, eso sí, con el 'valor añadido' de haber pertenecido a la vida pública, lo que, guste o no, abre alguna que otra puerta de atrás. Tiempo al tiempo.
Y hablando de Administración Local y de Diputación Provincial, no se puede ignorar a los osos panda de las administraciones: las mancomunidades. Criticadas y en peligro de extinción, tratan de permanecer indemnes pese a que continuamente tienen que 'demostrar' su valía como pueden. Desde Diputación (por lógica) defienden la desaparición de las mancomunidades no rentables ya que suponen más gastos que beneficios aunque, al mismo tiempo, promueven que los municipios se unan para compartir gestiones y servicios varios que aligerarían la carga económica de muchos ayuntamientos, según explicaba el vicepresidente de Diputación, Javier Aureliano García no hace mucho.
Argumentos a favor y en contra de las mancomunidades hay muchos y todos podrían ser igual de válidos. Se habla de duplicidad de funciones, de gastos innecesarios, de gestiones ineficientes, de desigualdades entre comarcas... pero también de acuerdos entre diferentes ideologías, trato más cercano a los ciudadanos, conocimiento real de los problemas de cada pueblo, hermanamiento de sus gentes...
Aunque lo mejor, es poner ejemplos. En una ocasión, un diputado expuso un caso en el que en un municipio de la provincia (no dijo dónde) en una misma noche se planificaron tres actos culturales: uno del Ayuntamiento, otro de la Mancomunidad y un tercero de la Diputación. Una coincidencia derivada de esa duplicidad de funciones, según el diputado, o de una terrible falta de coordinación, según el sentido común. Sea cual fuere el motivo, el caso es que los vecinos de ese pueblo disfrutaron de una noche cargada de entretenimiento mientras que en otras plazas de otros pueblos, sus habitantes tenían que contentarse con una bolsa de pipas y una amena charla (esto último no lo dijo ningún diputado, claro). Así explicaba que cuanto más se concentren los servicios, más igualitarios serán.
Por otro lado, una alcaldesa de IU que pertenece a una comunidad en la que están presentes también PP y PSOE, comentaba una vez “el absurdo” de que la oposición de uno de los pueblos echase abajo la labor realizada por la Mancomunidad en un tema tan polémico como el agua cuando uno de los principales precursores era “precisamente” un alcalde de su mismo partido. Es decir, más allá de quién y por qué, cabe destacar que un político defienda los intereses de su zona antes que los de un partido en concreto.
Dicho esto, dicho todo.