La pregunta salta de cuando en cuando en los mentideros políticos, periodísticos y judiciales almerienses. ¿Qué ocurre con el caso Poniente? El que se presume como el mayor caso de corrupción conocido hasta el momento en la provincia de Almería lleva cinco años largos de investigación (dos de la Fiscalía y tres y medio de instrucción judicial) y todavía no parece estar cerca de la fase intermedia, la de calificación y apertura de juicio.

Desde que el 20 de octubre de 2009, la Policía irrumpiera en el Ayuntamiento de El Ejido y detuviera a su entonces alcalde, Juan Enciso (PAL), el interventor municipal, José Alemán, y otras 18 personas entre familiares de ambos y empresarios de su círculo, el caso Poniente se ha convertido posiblemente en el asunto judicial más mediático y de mayor trascendencia política e institucional que ha tenido entre manos en mucho tiempo la Administración de Justicia en la provincia.

No es para menos. Lo que apunta la investigación es de la suficiente gravedad como para considerarlo de esa manera: se trataría de una trama que habría expoliado las arcas del Ayuntamiento de El Ejido para lucro particular a través de un entramado de sociedades que contrataban con la empresa de servicios municipales Elsur, empresa que, a su vez, se nutría casi en exclusiva de dinero público.

El ‘atranque’ que sufre el caso Poniente encuentra explicación, en buena medida, en las propias dimensiones procesales de la investigación. El sumario acumula a estas alturas la friolera de 261.000 folios, repartidos en 544 tomos.  De ellos, la mayor parte, 225.500 folios y 451 tomos, corresponde a la documentación de todo tipo (extractos de movimientos bancarios, escrituras, contratos, facturas, notas registrales, certificados notariales) intervenida en los registros de domicilios, despachos y sedes de sociedades. Hay 77 imputados, 13 testigos y 9 testigos protegidos en esta causa.

Pero el volumen de papel (en realidad, la mayor parte de la documentación está digitalizada) no es el auténtico problema. Sí la necesidad de peritar por expertos de la Administración Tributaria (Hacienda) un elevadísimo número de documentos para cruzar datos que permitan mostrar las rutas que pudo seguir el dinero presuntamente desviado de las cuentas de Elsur a las sociedades mercantiles y/o patrimonios personales de los imputados. El Juzgado de Instrucción número 2, que tiene la investigación del caso desde el principio con tres jueces distintos al frente (Montserrat Peña, Luis Durbán y Jesús Hernández), lleva esperando prácticamente dos años esos informes periciales de Hacienda, que no terminan de llegar. Y es que un equipo de solo tres peritos tiene por delante la ingente tarea de analizar 1,3 millones de archivos informáticos con la documentación que tienen que examinar para emitir su dictamen.

La documentación suministrada en soporte digital a los peritos, escaneada previamente por la Unidad de Apoyo Informático de la Agencia Tributaria, ocupa 461.400 megabytes (por hacerse una idea, el equivalente a 103 DVD de una capacidad media). No obstante, más de dos tercios están ya examinados, por lo que la labor –aunque todavía queda trabajo por delante- enfila ya el tramo final.

Porque, por lo demás, la instrucción está totalmente finalizada. Todos los imputados y testigos han prestado declaración en el juzgado y, de muchos meses a esta parte, el trabajo judicial respecto a este caso se limita casi en exclusiva a resolver peticiones de las partes relacionadas con levantamiento de medidas cautelares (intervención de cuentas bancarias o de sociedades).

Con todo, en la evolución de este caso no hay que perder de vista un hecho: sin haberse celebrado todavía el juicio, los ciudadanos de El Ejido emitieron un veredicto muy claro de desconfianza hacia el que había sido su alcalde durante 15 años y le retiraron de forma clamorosa el apoyo en las elecciones municipales de mayo de 2011, las primeras (y únicas) a las que se enfrentó siendo ya imputado. Enciso salió elegido concejal, pero pasó de 15 a 4 ediles y, por supuesto, dejó de gobernar. Ni siquiera recogió el acta de concejal.

El nuevo escenario político e institucional es ahora, sin duda, infinitamente menos complejo que el que se había planteado durante los ocho meses que Juan Enciso permaneció en prisión siendo como era alcalde en ejercicio. Una situación complicada con muy pocos precedentes en España.

Con Enciso fuera de la alcaldía, el caso no tiene ya esa otra dimensión que afectaba en lo institucional al segundo ayuntamiento de la provincia. Sus principales protagonistas llevan, de hecho, mucho tiempo alejados del foco, un foco al que les devolverá, en algún momento, el caso Poniente cuando llegue a término.