La historia de Gran Plaza es un relato de enredos más propio de un culebrón de sobremesa que de una Justicia seria en un Estado de Derecho. Sin embargo, los intereses políticos, las contradicciones y los retrasos burocráticos han transformado un centro comercial en el punto de mira de supuestas especulaciones urbanísticas, en el paradigma de la falta de respeto, arropado en plañideros golpes de pecho y en un ejemplo de utilización desmedida del poder.

Entre los protagonistas, Gabriel Amat, alcalde de Roquetas y presidente provincial del PP; y Tomás Olivo, promotor y constructor de Gran Plaza, imputado en el caso Malaya. Y entre los muchos secundarios, el juez Jesús Rivera y un agricultor.

Porque en este largo serial de aperturas y cierres, autos, sentencias y revocaciones, no hay sólo un mismo procedimiento judicial.  

A Gran Plaza le pesa ya una sentencia en firme del TSJA por la que debe reponer el suelo a una propiedad agrícola anexa a la que se ha usurpado terreno y se han causado daños. La cosa empieza cuando el centro comercial no es sino un proyecto. José López, un veterano agricultor, con un invernadero justo a la espalda del futuro centro comercial, recibe la orden de retranquear sus cultivos. Dentro de su finca, ha de dejar terreno libre entre su linde, su camino y sus tomates. Los constructores del híper han de hacer lo mismo para que haya espacio suficiente entre ambas propiedades. 

López cae enfermo. Cuando vuelve del hospital, se encuentra con una sorpresa: un muro de cien metros de longitud ha invadido su propiedad. Tanto, que no sólo ha entrado en la linde y el camino, sino que ha aplastado parte del invernadero. Las denuncias pasan por el Juzgado de Primera Instancia, la Audiencia Provincial y, finalmente, el TSJA, que ratifica que Gran Plaza ha invadido la propiedad del agricultor y debe derribar. El agricultor exige la ejecución de sentencia… Aún la espera. Mientras, un cartel en el que se lee “el muro de la vergüenza” aún puede leerse encima de su finca, justo donde una muralla esconde parte del aparcamiento y cimientos excedidos del Gran Plaza. 

Pero vayamos al principio. Gabriel Amat (entonces concejal de urbanismo) y su mujer compran una finca rústica, allá por el año 90. Dos años más tarde, la venden a una sociedad en la que participan dos de sus socios, su cuñado y, de nuevo, su mujer, que mantiene un 10% del capital. 

En el año 97, Amat ya es alcalde. La finca se recalifica a suelo industrial y se vende a Tomás Olivo por más de dos millones de euros.  

Es una parcela urbanizable. Pero no de uso comercial. Sólo hay una parcela para este fin en todo el municipio que está justo enfrente y que es propiedad de Eroski. Olivo y General de Galerías (su empresa) quieren instalar otra firma comercial. Corren las primeras denuncias pero antes de que llegue la sangre al Tribunal, hay negociación y, finalmente, Eroski se instala en el híper… Quizás es una de las razones por las que la CACI, la Comisión de Comercio Interior de la Junta, formada por técnicos, sindicatos, empresarios, consumidores y comerciantes, deniega el permiso de instalación. Y por abrumadora mayoría. 

Pero el Ayuntamiento sigue adelante y decide conceder la licencia de apertura, con la también aplastante mayoría del Pleno municipal. Eso sí, Amat es cuestionado por los concejales de INDAPA. Le preguntan si él o alguno de sus familiares tiene intereses directos en esa parcela. El alcalde primero lo niega pero, finalmente, se ausenta de la votación…

Dos años después, cuando el Centro Comercial ya está a pleno rendimiento, el juez Jesús Rivera declara nula la licencia de apertura que ha concedido el Ayuntamiento. Llegan los recursos. Y en octubre de 2006, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía da la razón a Rivera: la licencia de apertura es ilegal. Gran Plaza debe cerrarse en un plazo de dos meses.

La noticia cae como una bomba. Los comerciantes con local en Gran Plaza corren a denunciar que el cierre les supondrá la ruina; los trabajadores se manifiestan y piden apoyo a sindicatos y a ciudadanos para que firmen  en contra del cierre que, por cierto, ha de hacer el propio consistorio.

El Ayuntamiento de Roquetas no acata la orden, pero pide la no ejecución de sentencia. De nuevo, es el Juez Rivera quien ha de decidir. 

En noviembre, el titular del Contencioso número dos de Almería llama a todas las partes; a los abogados municipales, a Tomás Olivo (que está inmerso en el asunto Malaya y con otro centro, Parque Nevada, en Armilla, también paralizado por la Justicia, y llega a Almería a darse un baño de multitudes); a los responsables de la Junta de Andalucía y a los letrados de Copo, porque los comerciantes de El Ejido también han denunciado al centro comercial. 

En tiempo más que récord, apenas 24 horas después, Rivera toma la decisión: no cierra Gran Plaza. El mismo juez que declaró nula la licencia de apertura, aduce ahora que la sentencia del Alto Tribunal Andaluz es de imposible ejecución, y que traería consigo la pérdida de “miles” de  puestos de trabajo y un “irreparable daño social”.

Pero la responsabilidad de los trabajadores es de sus empresas, que se instalaron libre y voluntariamente en un Centro Comercial sabiendo que no tenía licencia, ¿o es que alguien les engañó? Si es así, deberían haber presentado la correspondiente demanda.  

De momento, además, el centro comercial sigue siendo suelo industrial. Y si ahora el Ayuntamiento decide iniciar de nuevo el procedimiento y pedir licencia legal, a lo mejor se encuentra con que no hay ningún déficit comercial para la zona, porque Vícar ha conseguido la licencia para su área comercial, que se va a construir en la esquina misma de Aguadulce y el Parador. 

Este cúmulo de despropósitos responde a una política de hechos consumados a la que la Justicia no está dando solución y que puede ser utilizada como referencia por otros ayuntamientos con ambiciones. Vícar no ha seguido el mismo ejemplo. Ha esperado hasta tener luz verde. Sin embargo, y ante la impunidad del Gran Plaza, debe preguntarse si no ha perdido el tiempo. 

Pero ojalá que de nuevo el tiempo ponga a cada uno en su lugar. Para ello habrá que esperar un nuevo pronunciamiento del TSJA, porque la Junta y los comerciantes del COPO han recurrido el último dictamen del Juez Rivera. 

Otro largo período de espera que enriquecerá a algunos e indignará a otros.